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La decadencia de las instituciones

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La riqueza nacional depende de la calidad de las instituciones y la formación de sus habitantes.

Puede encontrarse, colgada en la red, una entrevista reciente –Our intangible riches—en que el economista Kirk Hamilton, del Banco Mundial, explica algo que sus colegas más avisados saben desde hace mucho tiempo, pero que suele pasar inadvertido a quienes tasan la prosperidad de un país por las cotizaciones en Bolsa, el entramado de autopistas, o el número de coches por habitante. La novedad, o para ser más precisos, la vieja verdad, es que la riqueza nacional en el largo plazo depende, sobre todo, de dos variables: la calidad de las instituciones, y el grado de formación de sus habitantes. La precisión “largo plazo” es fundamental. En efecto, es posible crecer mucho en poco tiempo, aunque de manera precaria. La Unión Soviética creció mucho entre los cincuenta y principios de los sesenta. Ahora bien, carecía de instrumentos preciosos para que el aumento de la economía fuera sostenible. El primero de ellos, era el mercado, entiéndase, un sistema fiable de señales que oriente la inversión de recursos. El segundo, era la democracia, o mejor, lo que los anglosajones denominan rule of law, el imperio de la ley. En un país con jueces competentes y títulos de propiedad estables, es mucho más sencillo que la gente planifique su vida y trabaje en serio. La URSS naufragó finalmente, pese al tamaño mastodóntico de sus fábricas, sus hazañas espaciales, y su alta tecnología en algunas ramas de la física y la aeronáutica. Entre el 61 y el 74, España creció a una tasa media anual del 7,2%. Pero lo hizo, si no precariamente, sí sobre bases que exigían, para que la bonanza se mantuviera, un esfuerzo ulterior y más difícil. Si no me engaña la memoria, nuestro país alcanzó un máximo de convergencia con los países del Mercado Común hacia el 75 del siglo pasado. El encarecimiento del petróleo y los dolores de parto de la Transición provocaron un efecto yoyó: la convergencia se mudó en divergencia, y hubimos de esperar a mediados de los noventa para igualar nuestra posición relativa de veinte años antes y seguir empinándonos en el ranking europeo. Ahora nos creemos los reyes del mambo. Según el presidente, quien, misteriosamente, no distingue entre el primer país y el segundo, nos falta el canto de un duro para rebasar a Italia y Alemania. ¿Es verdad? Las cifras, bien analizadas, no abonan el optimismo de Zapatero. El PIB aumenta a mayor ritmo que el de muchas naciones europeas, pero la renta per cápita, no; y la productividad desciende en términos relativos. Existen motivos para maliciar que la explosión económica española reposa sobre fenómenos cuya duración en el tiempo no es prolongable. En esencia, una inmigración sin paralelo en el resto del mundo, con la consiguiente moderación salarial y aumento del consumo interno —a costa, en gran medida, del endeudamiento externo—. Todo esto es absolutamente conocido, y no justifica un optimismo desbordante. Pero todavía lo justifica menos el tema que ocupa a Hamilton en la entrevista. A saber, el estado de forma de nuestras instituciones. Intrigado por las respuestas de Hamilton, acudí a otro trabajo colgado en la red: Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006, suscrito por Kaufmann, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi, pertenecientes los tres, asimismo, al Banco Mundial. En el texto, se pondera la evolución de los diversos países en materias tales como la transparencia de la administración, la eficacia del Gobierno, o la fiabilidad de la ley a lo largo de los últimos diez años. Pues bien, con referencia al 2003, o al 2004, España empeora, y empeora seriamente, en casi todos los apartados. Los datos sobre la eficacia del gobierno son terroríficos, y muy malos los referidos a la fiabilidad de la ley. ¿Se trata de una deriva europea? No. Tomemos, como contrapunto, a Francia, cuyo rendimiento económico está siendo memorablemente malo. Francia desciende —menos, proporcionalmente, que nosotros— en la eficacia de su administración. Sin embargo, tiende a mantenerse en otros conceptos. La constatación ingrata, es que el crecimiento del PIB, y la salud institucional, dibujan en España curvas cada vez más divergentes. Y la sensación incómoda, es que esta discrepancia se manifestará fatalmente, transcurrido un tiempo, en una involución de la economía. Desconozco, porque no soy profesional de la cosa, la solidez de la metodología seguida por el Banco Mundial. Pero la tendencia que de sus registros se desprende no puede sorprender a quien, sin ser especialista, tiene ojos en la cara. En un país serio no ocurre lo que ha ocurrido en el nuestro con el Tribunal Constitucional; ni se desplaza la responsabilidad de una catástrofe pública a un constructor, para rehabilitarlo al día siguiente; ni un gobierno juega a las opas como si jugara a los dados.

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