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Cómo evitar otro "caso Mari Luz"

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La "pifia" judicial mueve a la Justicia a revisar sus mecanismos. Los jueces admiten que el error erosiona la confianza ciudadana.

Una mujer sostiene una foto de Mari Luz Cortés, cuyo trágico asesinato ha supuesto un terremoto...

David F. Grande

Santiago del Valle cargaba a sus espaldas con dos sentencias firmes por abusar sexualmente de dos niñas, una de ellas su propia hija. Sin embargo, y por incomprensible que parezca, se encontraba en libertad para, supuestamente, asesinar a la niña de 5 años Mari Luz Cortés. Entre medias, una cadena de despropósitos judiciales que permitieron que el pederasta no fuese a la cárcel pese a las condenas. El caso, y el clamor popular que ha despertado, ha provocado un verdadero seísmo en la Justicia, cuyas sacudidas han llevado a sus más altas instancias a abordar la necesidad de reformar sus mecanismos, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Además, el truculento suceso ha provocado gran preocupación en los jueces, conscientes de la vulnerabilidad de un sistema que muchos califican de “obsoleto” y que, por diversos factores, no ha podido detectar ni prevenir esta sucesión de desatinos. Fuentes judiciales señalaron que los errores del caso Mari Luz han sido “garrafales”, aunque asumen que se trata de algo que podría haberle ocurrido a cualquiera de ellos. Aluden fundamentalmente a la falta de personal y de medios materiales como los principales responsables de estos patinazos en los tribunales. Además, reconocen que la alarma social provocada por este tipo de casos “erosiona” gravemente la confianza de los ciudadanos en la Justicia y provoca el “descrédito” de su funcionamiento.

Las principales instituciones de la Justicia se han puesto manos a la obra para iniciar las reformas necesarias y evitar estos traspiés judiciales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió abordar urgentemente una reforma en sus mecanismos de inspección, cuyos agujeros hicieron pasar inadvertidos los graves fallos del juzgado que condenó a Santiago Del Valle cuando éste fue analizado.

El error en el sistema de vigilancia del CGPJ radica en que, para inspeccionar un juzgado, estudia entre un cinco y un diez por ciento de los asuntos que tramita, elegidos de forma aleatoria. Por este motivo, el caso Mari Luz pasó inadvertido. Para evitar estas situaciones, el CGPJ quiere desarrollar un sistema mixto de control, que también tenga en cuenta la importancia y urgencia de los asuntos que investiga. Y así garantizar que los crímenes más atroces, como los abusos sexuales a menores, no puedan pasar inadvertidos. Asimismo, convocó de urgencia a su comisión disciplinaria, para el próximo lunes, para abordar las sanciones a los magistrados involucrados en el escándalo.

También la Fiscalía se ha visto sacudida por la tragedia. El Ministerio Público creó una comisión específica para estudiar las medidas a aplicar para controlar a los agresores sexuales. El objetivo de este grupo es mejorar los mecanismos de control sobre estos delincuentes, que a menudo reinciden tras ser condenados. Para ello, estudia unificar los sistemas telemáticos que utilizan las diversas instituciones involucradas —juzgados, Fiscalía, Policía o Guardia Civil entre otros—, para favorecer una “comunicación fluida” entre ellas y controlar la ejecución de penas. A partir de sus conclusiones, la Fiscalía podrá sugerir al Gobierno reformas legislativas contra este tipo de crímenes.

El Ejecutivo, que rechazó de plano legalizar la cadena perpetua, sí baraja la creación de un registro de pederastas y medidas de control especiales para estos criminales. Y el PP presentará una iniciativa parlamentaria para agravar las penas de los delitos contra la libertad sexual, tal y como contemplaba su programa electoral.

Por su lado, tanto los sindicatos como numerosos jueces, incluyendo el que olvidó encarcelar al supuesto asesino de Mari Luz y la Junta de Jueces de Sevilla —a la que éste pertenece—, achacaron estos errores a la falta de medios y de personal en los juzgados. La Junta de Jueces avaló la tesis del juez Rafael Tirado y aseguró que es “humana y físicamente imposible que una sola persona controle los miles de asuntos que de él dependen”. El juez culpó de su fallo a la falta de personal en su juzgado, pues no se sustituyó a una funcionaria que estaba de baja.

Los sindicatos coincidieron con este diagnóstico. CSI-CSIF aseguró que existen cientos de condenados libres, porque el sistema es “obsoleto y tercermundista”: “La culpa de lo que ha pasado no es del juez, sino de la Administración de Justicia, que es del siglo pasado”. También UGT achacó la situación a fallos estructurales del sistema y exigió una base de datos común a todos los juzgados de España, para que las resoluciones de unos no pasen inadvertidas para los otros.