El dictamen del Tribunal Constitucional sobre los recursos debe cerrar una etapa.
Aunque sectores nacionalistas y gran parte de la opinión pública catalana creen que el polémico asunto del nuevo Estatuto de Cataluña está zanjado, y que el camino emprendido tras ser aprobado en un referéndum caracterizado por su poca participación, es ya irreversible, la realidad es muy distinta.
Pese a las maniobras dilatorias del Tribunal Constitucional, que aplazó hasta después de las elecciones generales su dictamen sobre los recursos presentados por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, un Estado de Derecho no puede aceptar alegremente la doctrina de los hechos consumados, y hacer como si el nuevo estatuto catalán ya no fuese objeto de discusión.
Según los defensores de la no modificación del actual estatus, el nuevo Estatut está en vigor, y no hay más que hablar. Pero uno de los asuntos más controvertidos de la anterior Legislatura, usado con enorme habilidad por Zapatero para arrinconar al PP y presentarse como una formación casi nacionalista, lo que sin duda ha tenido consecuencias electorales, aún no ha concluido su andadura. Es indispensable ese dictamen del Constitucional para cerrar todo el episodio.
Durante este largo periodo de incomprensible retraso en la toma definitiva de decisiones por parte de los magistrados del Alto Tribunal, tanto el Gobierno tripartido de la Generalidad como la oposición de CiU han insistido en que cambiar algo del Estatuto sería una especie de ofensa inaceptable a Cataluña.
Si se recorta el Estatuto, el pueblo de Cataluña tendrá que tomar otras vías, tal y como declaró recientemente en Madrid, en tono amenazante, el líder convergente, Artur Mas. Y ahora, tras una filtración que apunta que la sentencia del Constitucional no le va a poner inconvenientes al preámbulo del Estatuto, en el que se proclama que Cataluña es una nación, el señor Mas se ha apresurado a proclamar que, puesto que el Tribunal acepta lo más gordo, como diríamos en lenguaje coloquial, no hay razón alguna para que modifique otros artículos de un texto, que, según Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, se había cepillado suficientemente.
El cepillado definitivo, guste o no, será el que haga el Tribunal Constitucional con su sentencia respecto a los recursos presentados. Conviene no precipitar los acontecimientos y no ponerse ninguna venda antes de recibir posibles heridas. Ello cerrará un largo episodio no desprovisto de errores, que quedará como uno de los principales capítulos, la historia dirá si acertado o erróneo, del paso de Rodríguez Zapatero por la escena española.
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