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Los críticos de EpC creen que se dispararán las objeciones

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Confían en que la decisión del TSJA alentará a otros padres a presentar solicitudes para que sus hijos no estudien la materia.

Profesora dando clase. EFE

G. Sánchez de la Nieta.

Madrid. Muchas reacciones, todas ellas esperadas. La sentencia de los jueces andaluces dictada el pasado martes que reconoce el derecho de unos padres de Huelva a ejercer la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía ha vuelto a dividir el mundo educativo. La derecha aplaudió la decisión del TSJA, la izquierda puso el grito en el cielo y mientras, los críticos de la materia —que han contabilizado cerca de 27.000 objeciones en estos seis meses— confían en que con esta sentencia, se multiplique el número de "objetores". Con esta sentencia "muchos padres se animarán ahora a presentar la objeción", dijo Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia.

  Mariano Rajoy consideró que la noticia era "un triunfo a la libertad" ante el intento de "imponer una asignatura para adoctrinar a los niños". Aguirre, por su parte, señaló que se trata de "una victoria" para quienes piensan que la asignatura "invade valores y principios que solamente los padres pueden decidir".

 De "precedente peligroso y preocupante para la democracia" fue calificada la decisión del TSJA por el candidato de IULV-CA a la presidencia de la Junta, Diego Valderas. A su juicio "no cabe abstención ante elementos constitutivos aprobados", dijo en declaraciones recogidas por Ep.

 El presidente de la Junta, Manuel Chaves, reprochó al TSJA su falta de "sensibilidad" por haber dictado la sentencia antes de que acabe la campaña electoral. "Con todo respeto", dijo, "los jueces podían haber tenido la sensibilidad de esperar a dictar la sentencia después, una vez terminada la campaña electoral". El candidato al PP-A, Javier Arenas, consideró la reacción de Chaves como una "gran torpeza" y le advirtió de que, como responsable público con funciones de gobierno, está especialmente obligado a respetar el poder judicial y a sus representantes.

 Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera asumió la decisión de los jueces, pero advirtió de que no sienta un precedente negativo. Explicó que siempre a defendido la asignatura "porque existe en la mayoría de los países y está recogida en una ley aprobada en el Parlamento". Sin embargo, señaló la ministra, "siempre dije que si alguien veía lesionados sus derechos podía recurrir a los tribunales".
 Tanto la Junta como el Ministerio Fiscal han anunciado que recurrirán la sentencia de los jueces andaluces ante Tribunal Supremo.

"No hay contradicción con los otros tribunales"

Chaves explicó que recurrirá ante el Supremo porque existen "sentencias contrarias" a la del TSJA dictadas por los tribunales superiores de Cataluña y Asturias. Cabrera también aludió a las decisiones de estos tribunales que "van en dirección contraria" al del TSJA. Sin embargo, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, explicó ayer que "tanto la sentencia andaluza como la asturiana reconocen el derecho de objeción de conciencia". "La diferencia es que el Tribunal asturiano, tras reconocer el derecho a objetar, incongruentemente, rechaza el recurso de los padres objetores sin entrar a analizar a si los decretos asturiano y estatal reguladores de los contenidos de EpC incurren en la violación de esos derechos constitucionales pues considera que es prematuro hacer ahora ese juicio".

 Por otra parte, Chaves dijo ayer que no está tan preocupado por la sentencia porque en Andalucía "sólo 400 de los 95.000 alumnos cursan la asignatura han presentado objeción". Los datos contrastan con las cifras que manejan las asociaciones promotoras de la objeción que cifran las objeciones en la mayoría de las provincias andaluzas en más de 500.