El correo de los diputados llega a veces a colapsarse, pero no sirve de nada.
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La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. EFE |
Madrid.- En la película 'La guerra de Charlie Wilson' se recrea el hecho real de un congresista de Estados Unidos que consigue más fondos para Irak, tras pedir algunos favores a otros homólogos. Estos días hemos visto otro tipo de presión: la de cientos de ciudadanos que colapsaban el servidor de correo electrónico de los congresistas norteamericanos para que cambien el sentido de su voto ante el plan anticrisis de Bush.
En España, donde impera la oligarquía de los partidos políticos a través de la disciplina de voto, es improbable que se repitan estas escenas. Si alguien lo hace, ya sabe que su futuro pasa por la marcha al grupo mixto o la salida de la política, como sucedió con el diputado del PP Jesús López Médel, que en 2003 criticó abiertamente el apoyo de Aznar a la guerra de Irak.
Disciplina de voto
Sí es frecuente que los diputados reciban más correos en los días anteriores y posteriores a defender en el pleno un asunto que afecte a un colectivo concreto o un colegio profesional. Las direcciones electrónicas de los parlamentarios españoles son públicas, a través de la página web del Congreso y del Senado, y muchos activistas de la Red las usan como protesta. En algunos casos, se remite una carta tipo con solo apretar un botón.
Lo único que la legislación prohíbe son las manifestaciones en las Cortes Generales o en sus inmediaciones. Si alguien se alza con algún tipo de arma, o instrumento peligroso, puede ir a la cárcel de tres a cinco años, según el artículo 495 del Código Penal. El Reglamento del Congreso de los Diputados también prohíbe protestas o exhibición de pancartas durante las sesiones parlamentarias, algo que sin embargo ocurre con cierta frecuencia. Basta recordar las pancartas del No a la Guerra de Irak, el Prestige, la negociación con ETA, el Yak-42 o la exhibición de camisetas de la selección española en el Parlamento catalán promovida por Ciudadanos tras un partido de España.
El himno nacional, la principal demanda
El repertorio de reclamaciones de los ciudadanos ante la Comisión de Peticiones del Congreso y del Senado es amplio. Algunas suelen estar muy pegadas a la actualidad. Según explica Antonio Garcías Coll, presidente de la comisión, el debate para poner letra al himno español generó tal magnitud que los ciudadanos se animaron a enviar sus escritos a las Cortes Generales. Esta comisión, que se reúne una vez al mes, las remitió al organismo correspondiente. Cuando hay alguna queja que afecta a algún ministerio, se envía, por defecto, al Ministerio de la Presidencia. Si se resuelve, se publica en el boletín del Congreso. Además, se envía a cada autor un acuse de recibo al día siguiente de ser registrada en el Congreso.
Aunque, los más “protestones” son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Se suelen dirigir con frecuencia a las Cortes cuando hay un retraso en algún cumplimiento. De manera que queda constancia escrita del viejo “qué hay de lo mío”. Si el aludido tarda en responder, la comisión remite una notificación a modo de recordatorio. Los extranjeros conocen mejor que los propios españoles este derecho contemplado en el artículo 77 de la Constitución: hay un gran número de peticiones relacionadas con la obtención de la nacionalidad o procesos de regularización.
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