Columna de
JaimeRodríguez-Arana
En Francia se va a presentar proximamente una reforma de la Carta Magna centrada, eso sí, en aspectos concretos.
Jaime Rodríguez-Arana
En estas últimas semanas ha terminado su trabajo la comisión presidida por el ex primer ministro galo Edouard Balladur con el fin de proponer algunas modificaciones a la Constitución francesa. La comisión fue impulsada por Sarkozy dentro del marco de las reformas que prometió durante la campaña electoral que le llevó al Elíseo. Si recuerdan los lectores, Nicolas Sarkozy propuso, entre otras cosas, que había que mejorar las relaciones entre el Gobierno y la presidencia de la república, de manera que el presidente abandonara la posición de irresponsabilidad e intangibilidad que, por décadas, ha caracterizado a la cabeza de la república francesa.
Lógicamente, el trabajo de la comisión no se ha centrado únicamente en este punto, en el que, por cierto, parece que quien va a salir ganando es la institución parlamentaria. Además, según parece, la comisión propondrá la obligatoriedad de que las operaciones militares en el exterior cuenten con la autorización del parlamento siempre que tengan una duración superior a los seis meses. Igualmente, también es razonable, ya que Congreso y Senado habrán de dar su opinión en los casos en que el presidente de la República pretenda hacer uso de los poderes excepcionales que le atribuye la constitución en vigor y, también, cuando el presidente se disponga a realizar nombramientos de especial relevancia. Se trata, pues, de limitar la discrecionalidad del presidente en el ejercicio de su potestad de mando en áreas estratégicas y sensibles para la vida democrática.
La comisión presidida por Balladur ha propuesto nada menos que 77 modificaciones de la actual Constitución. En Francia recordemos que la Constitución del 1958 ha sido ya reformada en 22 ocasiones. En España, sin embargo, seguimos paralizados por un miedo reverencial a la Constitución de 1978, cuando la vida y el desarrollo social reclama en tantas ocasiones reformas, alteraciones y modificaciones en determinados asuntos en los que la calidad de la democracia y, por tanto, de las condiciones de vida del pueblo, reclaman mejoras en diversos asuntos. Aquí, sin embargo, unos piensan que la reforma es para cambiar la esencia y otros, por el contrario, pretenden reformar aspectos concretos que no funcionan. Es lógico que tras 30 años de vigencia de un texto, algunas de sus previsiones deban cambiarse. Oponerse, considerar la Constitución como la un libro sagrado o pretender petrificarla o congelarla de por vida es un error de grandes proporciones. El problema en España es que en lugar de hacer ajustes concretos, algunos pretenden alterar sustancialmente el pacto de 1978 sin consultar con el pueblo.
Por el contrario, en Francia se va a presentar formalmente en próximas fechas una amplia reforma de la Carta Magna en aspectos concretos. Por ejemplo, además de las modificaciones indicadas, merece la pena destacar, para que se conozca el alcance de las reformas en curso, que la prerrogativa de aprobar normas sin votación sólo podrá utilizarse en el caso del presupuesto y de la financiación de la seguridad social. Además, Congreso y Senado compartirán con el Gobierno la gestión del orden del día y discutirán los proyectos de ley tal y como fueron aprobados en comisión y no en su inicial versión. También llama la atención que se incorpore a la Constitución asuntos como el del listado de los derechos de la oposición o el sistema de ratificación de la Constitución europea.
Las reformas en Francia, para ser aprobadas, han de contar con una mayoría de tres quintas partes de los parlamentarios, lo que, en el presente, requiere de consenso entre Gobierno y oposición, algo muy saludable pues este tipo de reformas han de estar acordadas por los grandes partidos al menos, y si es posible, por todos. Polémicos son, por lo demás, asuntos como el de la limitación de la acumulación de cargos o el escrutinio proporcional. Una medida ciertamente opinable es la propuesta personal del presidente Sarkozy de que el presidente de la República, al mejor estilo norteamericano, pueda dirigirse a las Cámaras, bien en momentos determinados, bien con ocasión del discurso para el Estado de la nación, que se pretende importar de la cultura constitucional yanqui.
Por tanto, vientos de cambio constitucional en Francia como consecuencia del cambio general que el pueblo ha encargado a un Sarkozy que, si bien comenzó su periplo con audaces y prometedoras iniciativas, ahora está sometiendo la institución que encarna, que es de todos y para todos las franceses, a una cierta frivolidad y superficialidad impropia, insisto, de quien debe ser el primero y más responsable servidor de todos los franceses. Ojalá las reformas del señor Sarkozy no se queden en fuegos de artificio o en escenas, más o menos coloridas, de películas de cine u obras de teatro. El tiempo, que nunca falla, a no mucho tardar, nos mostrará si el cambio mereció la pena o no.
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