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La sentencia de la polémica

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El TSJ de Andalucía falló el martes a favor de los objetores de EpC. La Fiscalia de Sevilla recurre la sentencia, mientras el PP celebra la decisión.

La ministra de Educación conversa con dos alumnos en un acto en Huesca. EFE

C. A/ Agencias 

Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia el martes en materia de Educación dando por válido el recurso presentado por una familia de Huelva que reclamaba su derecho a prohibir a uno de sus hijos asistir a clase de Educación para la Ciudadania por considerar que los contenidos de la asignatura contradicen los valores que intentan inculcar a sus hijos. 

Esta primera sentencia a favor de la objeción contrasta con otra emitida en febrero por el Tribunal Superior de Asturias, que negó que exista el derecho a objetar contra la EpC.

Tras la decisión del TSJA, la Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia ya que tal derecho "solo se puede admitir en los casos expresos reconocidos en la Constitución". Fuentes de la Fiscalía de Sevilla han dicho a Efe que, en su recurso, alegará que, en el ordenamiento español, el derecho constitucional a la objeción de conciencia no se reconoce como "un derecho general", y por ello "no se puede admitir más que en los supuestos reconocidos expresamente en la Constitución o en una norma de rango legal".

Además, la Fiscalía considera que el derecho a la objeción reconocido a los padres por el TSJA "se articula sobre otro derecho esencial y básico para el menor, como es el de la Educación", por lo que "el derecho prioritario para el menor es la Educación, no el derecho de sus padres a objetar".

La Fiscalía de Sevilla entiende que las reclamaciones responden a "una crítica subjetiva de los padres a la opción desarrollada por el legislador, pero que no afecta al derecho a la libertad religiosa o de conciencia del propio menor", han añadido las fuentes.

Esta Fiscalía, como representante del Ministerio Fiscal ante la sala de lo Contencioso del TSJA, se ha opuesto desde el comienzo a la suspensión de la asignatura o a que sean tramitadas las demandas de varios padres como una vulneración de derechos fundamentales.

El fiscal ya tiene recurridos ante el Supremo los autos provisionales en los que el TSJA autorizó provisionalmente, hace unos meses, a una decena de padres andaluces que sus hijos no cursasen la asignatura a la espera de la sentencia definitiva sobre el asunto, la primera de las cuales fue publicada ayer martes.

En ella el TSJA aceptó la objeción de conciencia porque Educación para la Ciudadanía "emplea conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia moral o los conflictos morales".

Para ello se basó en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para equiparar el derecho a oponerse a esta asignatura con el derecho a la objeción a cualquier asunto que pertenezca al "claustro íntimo de creencias".

Fuentes judiciales han explicado a Efe que es previsible que la sala andaluza emita, en las próximas semanas, sentencias idénticas a esta primera, en la que ha confirmado el derecho de unos padres de Bollullos del Condado (Huelva) a que su hijo no curse la asignatura ni sea evaluado. 

Más de 20.000 objetores 

Hasta el momento, cerca de 27.000 familias han presentado la objeción de conciencia a EpC, 3.000 de ellas en el último  mes, según ha anunciado la asociación Profesionales por la Etica. 

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) calificó de "impecable" la sentencia y contrapuso el fallo del tribunal andaluz al de la  Justicia asturiana, que recientemente rechazó el derecho de los  padres a objetar. 

Según explicó la presidenta de Cece, Isabel Bazo, la andaluza es una sentencia "sumamente clara y limpia" por la cual, "el alumno debe  ser calificado con un 'exento' porque se le reconoce el derecho a la  objeción de conciencia", mientras que "lo único que plantea" la dictada a mediados de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de  Asturias "es si los padres tienen derecho o no a la objeción". 

"Lo único que plantea -dijo en referencia a la asturiana- es que  es una asignatura obligatoria ya que forma parte de una Ley Orgánica  de Educación pero que no se mete a valorar el contenido ni el fondo  de la asignatura", planteó. 

Así, Bazo afirmó que tras la sentencia del tribunal andaluz, la  Confederación, que siempre ha estado "en contra de esta asignara e  intentando que se respete el derecho de los padres a elegir educación  moral de sus hijos", está "muy contenta". 

Además, planteó que el fallo animará a los padres a ejercer más  objeciones ya que, a su juicio, si hasta el momento no se han  manifestado más en este sentido se debe a que "a las familias se las  ha estado amenazando con que su hijo no podría seguir estudiando".  "Viene a quitar el miedo", añadió. 

La responsable de Cece mostró su esperanza en que el fallo andaluz ponga freno a una "forma solapada de ir contra lo que representa el núcleo de la  familia y contra quienes tienen una conciencia formada por su  ideología o convicciones religiosas" que, según sus palabras, es lo  que hace el Ministerio de Educación. 

Encontronazos políticos

La sentencia ha saltado en plena campaña electoral y los políticos no han dudado en dar sus impresiones sobre el tema para dejar clara la posición del partido. Por el lado Popular, Mariano Rajoy manifestó el miércoles en un mitin ante 500 personas en el hotel Carlemany de Gerona, que se trata de una "gran noticia" y criticó que se quiera  "imponer" una asignatura como ésta para "adoctrinar a los niños". Por eso, garantizó que si gana los comicios, la suprimirá.

Así mismo el secretario general del PP, Angel Acebes, ha celebrado este jueves, en el programa de Antena 3 "Espejo Público" la decisión que, en opinión del 'popular', "busca la  manipulación de los jóvenes desde la primera edad de su formación",  en vez de "prepararles para poder competir". 

"No queremos niños manipulados, sino  niños formados, con criterio propio, que puedan decidir en libertad", destacó Acebes.

Por parte de los socialistas, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, aseguró el miércoles que la sentencia del TSJA no sienta un precedente negativo. La ministra defendió que los padres tienen derecho a objetar si ven lesionados sus derechos, no obstante, no ha dudado en defender la materia alegando que "existe en la mayoría de los países y que está en mandatos de organismos internacionales y también en una ley aprobada por el Parlamento".