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Los tribunales no dan abasto

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Hay 270.000 sentencias sin ejecutar. Los juzgados carecen todavía de sistema informático propio y gran parte de su personal es interino.

Zapatero, conversa con el máximo dirigente del CGPJ y del TS, Francisco José Hernando. EFE

David F. Grande.

LOS tribunales españoles están hasta el cuello. Se encuentran embarrados entre montañas y montañas de sentencias, que han sido dictadas pero que no han sido ejecutadas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertó ayer de este preocupante fenómeno y cifró en 269.405 el número de sentencias pendientes de cumplir por los juzgados españoles. El órgano de gobierno de los jueces señaló que esta cifra está lejos de los parámetros que podrían considerarse normales y destacó la “necesidad de implantar toda una batería de medidas” para lograr la “plena normalización” de estos tribunales. De otra forma, advierte, estos juzgados no podrán cumplir adecuadamente su función de garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

 La alarma saltó a la luz pública tras varios escándalos judiciales relacionados con la falta de ejecución de las sentencias dictadas. Entre ellos, el presunto asesinato de Mari Luz Cortés a manos de un pederasta al que no se aplicó su condena o la denuncia de varios jueces, como el responsable de ejecutar las condenas por violencia de género de Madrid, Eduardo López-Palop, sobre el enorme atasco judicial. Hace tres semanas, LA GACETA informaba de que los juzgados de Madrid tenían más de 33.000 ejecuciones de sentencias pendientes y de que la Junta de Jueces de estos tribunales había acordado pedir un juez de apoyo y un secretario judicial más para cada uno de los cinco juzgados encargados de cumplir las resoluciones penales de la capital.

 En el demoledor informe, el Consejo admite el colapso de los tribunales. Por comunidades, la peor parada es Cataluña, con 56.000 sentencias por ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana con 40.000 y Madrid con 37.500.

 También admite que “la carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias”, entre 2005 y 2007, “excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de órganos”. Proporcionalmente, los juzgados de Valencia superan la media del registro hasta en un 99,62%, los de Palma de Mallorca en un 82,30%, los de Bilbao en un 80%, los de Barcelona en un 52,24%, los de Madrid en un 21% y los de San Sebastián en un 4,10%.
 
Apoyo insuficiente

A pesar de esta apocalíptica radiografía, el informe reconoce una ligera mejoría respecto a 2005 en los juzgados en los que se aplicaron medidas de refuerzos, como los de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Sin embargo, estas decisiones de apoyo han sido “insuficientes” para lograr la “plena normalización de estos juzgados”, teniendo en cuenta la endémica situación de la que partían. En las que ni siquiera se aplicaron estos refuerzos, como San Sebastián o Palma de Mallorca, el atasco se ha incrementado.

 El estudio del gobierno judicial destaca que uno de los fallos detectados en el funcionamiento de estos juzgados de ejecutorias es la ausencia de un “sistema informático propio” que les permita controlar los procedimientos a través de sus diferentes fases. La falta de un sistema de estas características afecta “de forma negativa” a su funcionamiento.

 Otros de los problemas que padecen este tipo de juzgados, según el CGPJ, es la situación de su personal. Así, destaca la “elevadísima movilidad funcionarial”, lo que produce que “entre el 10% y el 90%” de las plazas de funcionarios de estos juzgados estén cubiertas por personal interino, que a menudo adolecen de “falta de experiencia”. También considera “claramente insuficiente” el equipo encargado de dirigir estos juzgados (un magistrado y un secretario judicial), lo que supone para ellos una carga de trabajo “a todas luces inabarcable”.

 Por todo este rosario de problemas, el Servicio de Inspección del CGPJ incluye en su informe algunas medidas “coyunturales” para atajar el problema, especialmente un refuerzo del personal de los juzgados más atascados, y otras de carácter “estructural”. Entre estas últimas incluye el establecimiento de un sistema informático propio para estos órganos judiciales, la mejora en el seguimiento de los asuntos de los que se ocupan, la implantación de un sistema de Oficina Judicial para los juzgados penales de ejecutorias, así como una evaluación individualizada sobre la situación de estos tribunales con objeto de adecuar sus medios a las necesidades.