La tendencia a multiplicar centros de enseñanza con estudios similares y una mala interpretación del principio constitucional de autonomía universitaria han producido un efecto de despilfarro del gasto público. Hace años que se venía observando que las cifras de investigación no son correctas, en cuanto se incluían partidas administradas de forma discutible y que no van efectivamente a la investigación. Se creaba así un espejismo respecto al verdadero peso investigador, que tenía su reflejo en las disparidad entre las cifras de profesores, estudiantes e investigadores y el nivel de aptitud y capacidad que se imparte en nuestros centros. Por otro lado, tal como señalábamos hace días, pese al esfuerzo en aumento del gasto público en Enseñanza Superior, no se ha logrado el objetivo de lograr centros superiores que sirvan de referencia internacional. Tampoco resulta esperanzador el nivel alcanzado por nuestras universidades de iniciativa social.
Parte del fracaso es atribuible a la gestión de los instrumentos de control. Si la universidad debe ser vanguardia en todos los campos, debería serlo también en la aplicación de instrumentos eficaces de control financiero. Por el contrario, se ha establecido una suerte de caos, agravado por el problema externo de la diversidad de rigor entre las comunidades autónomas, al que se suma la diferencia de costes entre estudios similares.
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