La derecha no desaparecería, sino que descubriría maneras de seguir viva a un nivel más bajo.
Álvaro Delgado-Gal.
MIENTRAS el PP se desata en tempestades, en el PSOE sopla una brisa persistente, con aromas de salitre y pólvora. El problema tiene que ver con el dinero. O para ser más precisos, con la financiación autonómica. O para ser más precisos todavía, con la financiación autonómica en un horizonte de déficit. Son dos las cuestiones enojosas, no una. La primera nos remite al sudoku, que dijo Solbes: si Cataluña retiene renta y el ejemplo catalán cunde entre quienes puede cundir, disminuirá la presión hidráulica con que el dinero circula desde las regiones más ricas hacia las más pobres. Las cuales, miren ustedes por dónde, son socialistas.
La segunda cuestión se refiere a los instrumentos de reparto, o mejor, a su ausencia. Se ha filtrado recientemente la noticia de que el Tribunal Constitucional condonará el Estatuto catalán, si bien aminorando la bilateralidad. Estas especulaciones carecen por entero de interés. La bilateralidad se está poniendo en marcha de hecho, y el TC, muy venido a menos por las razones que todos sabemos, no podrá evitarla. El resultado práctico es que está en el aire cómo se distribuirán los cuartos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera concedía un protagonismo decisivo al Gobierno y desplazaba el resto a una suerte de consenso. Ahora no hay reglas, lo que equivale a decir que las regiones con menos peso están vendidas.
La descomposición de la derecha política acentuaría el caos. Esto se comprende mejor comparando escenarios virtuales. Imaginen un PP disciplinado por un liderazgo fuerte. Supongan que constituyese una alternativa de poder formidable. Se exacerbaría Esquerra, crujirían las cuadernas en CiU, pero el PSC tendría que echar una mano, y más de una mano, a Zapatero. O sea, tendría que ser prudente. Pongamos, al contrario, que las cosas terminan por salir realmente mal en la formación que construyó Aznar. Los socialistas catalanes no temerían un vuelco electoral, y atentos sobre todo a no ceder espacio a sus rivales nacionalistas, pujarían fuerte. ¿Hemos terminado? No. El PP, por muy debilitado que se encontrara, seguiría siendo hegemónico en Madrid y Valencia. Ambas regiones, en una sazón de grave desmadejamiento del partido por arriba, indagarían estrategias particularistas. Es decir, intentarían empatar con los catalanes, o lo que es lo mismo, podrían llegar con ellos a un entendimiento fiscal que superara las diferencias ideológicas.
Lo resultante sería un pacto entre los prósperos en detrimento de los no prósperos. Es complicado aventurar qué efecto alojaría lo último en el medio plazo, así dentro del PP como del PSOE. Los pronósticos son muy difíciles porque ignoramos, en este momento, qué quedaría del Estado en el curso de los dos o tres años próximos. Pero de algo podemos estar seguros: y es de que España se haría momentáneamente ingobernable. La consecuencia lógica del Pacto del Tinell no es el surgimiento de una mayoría vitalicia contra la derecha, sino la desorganización del Estado.
La derecha, desterrada de la política a escala nacional, no desaparecería —los eclipses de este tipo sólo se verifican dentro de una dictadura—, sino que descubriría maneras de seguir viva a un nivel más bajo. Los costes serían enormes para todo el mundo, y por lo mismo, el arreglo sólo podría revestir un carácter provisional. Pero éste es otro asunto. Aunque las calamidades provisionales no anulan a los países, sí pueden causar un daño importante a los regímenes que aquéllos se dan de manera también provisional. Dentro de un tiempo, no mucho, sabremos a qué atenernos.
Álvaro Delgado-Gal es escritor.
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