Se ha aumentado la presión fiscalizadora y la persecución del ciudadano
La crisis, esa que los gobernantes dicen que no es tal, está pasando factura, incluso a los ingresos de quienes nos administran.
Lo peor del caso es que cuando los ingresos de consumidores, familias o empresarios menguan, bien porque afloran problemas de desempleo o suben los tipos de interés, bien porque la combinación de impuestos e inflación resulta letal con el paso del tiempo, bien porque disminuyen las ventas y ya nadie logra con la misma facilidad que antes un crédito, son los bolsillos particulares los que quedan afectados y los planes de consumo, inversión, cambios económicos o de vida, renovación de enseres o máquinas, etc., deben amoldarse a las nuevas circunstancias.
No ocurre así, sin embargo, con los presupuestos de las Administraciones Públicas y demás organismos del Estado. Cuando la crisis, esa que no se menta, reduce la principal fuente de ingresos de los gobernantes y administradores públicos, no crean que éstos alteran sus planes de gasto o realizan el más mínimo esfuerzo por racionalizar sus prioridades y reducir o ajustar a las nuevas circunstancias su voracidad y demagogia gastadoras. Los individuos y contribuyentes pagamos —así— por partida doble, los efectos de una crisis a la que han contribuido, si no a originar —que también en gran parte— sí a profundizar y alargar, nuestras autoridades y gobernantes y las foráneas.
Tal acontece con las corporaciones locales. Y, aunque una parte muy importante de los problemas de ingresos de los ayuntamientos proviene de la falta de un sistema de financiación adecuado, acorde con las muchas competencias que han ido atendiendo o absorbiendo con el tiempo, que ni el Gobierno ni las CCAA han querido proveer, su estructura de ingresos, basada fundamentalmente en el sector inmobiliario y el desarrollo urbanístico (que también ha financiado a partidos políticos y autonomías), se ha visto fuertemente dañada y mermada por el ya consolidado hundimiento en el sector de la construcción. Eso crea importantes problemas, especialmente para los ayuntamientos que tienen que atender una población inmigrante creciente, que ahora se ve especialmente damnificada por el desempleo, y asuntos varios como educación o salud. Sin embargo, la solución dada por los ayuntamientos al problema ha sido, cómo no, aumentar la presión fiscalizadora y la persecución del ciudadano, aumentando sustancialmente las multas y sanciones de toda índole, en aras de una mayor recaudación en lugar de servir como instrumento de prevención de infracciones.
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