El Gobierno rectifica su política anterior y reconoce la gravedad del problema.
Que la inmigración es un problema lo sabía todo el mundo, incluido el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Que una cuestión tan compleja como la lucha por la supervivencia de poblaciones subdesarrolladas no se soluciona con medidas apresuradas y de la noche a la mañana, también. Y que sólo con políticas a largo plazo, coordinadas entre los países, podrá atenuarse el problema con el que, inevitablemente, como con tantas cosas, habrá que convivir. Por ello, antes de cambiar espectacularmente su política, que ha pasado del “papeles para todos” a la mano dura contra lo que el ministro Rubalcaba llama ahora “avalanchas”, el Gobierno tiene que reconocer el error que supuso la política anterior, que provocó un efecto llamada que aún sigue percibiéndose. De hecho, el censo de extranjeros residentes se incrementa de año en año y de día en día, y ya son 4,2 millones los foráneos instalados, con los papeles en regla, en nuestro país. Además, los inmigrantes clandestinos siguen intentando entrar en España por todos los medios, a pesar de la crisis económica. De ahí que, en línea con la política conjunta de la Unión Europea, el Gobierno español, cuyas regularizaciones de inmigrantes ya recibieron una dura crítica por parte de nuestros vecinos comunitarios, haya decidido suscribir la política europea en la materia. Esta política consiste, entre otras cosas, en aumentar el plazo de retención —que, en realidad, es una especie de detención a una persona indocumentada— para poder llevar a cabo los trámites que posibilitan la devolución del inmigrante a su país de origen.
Actualmente, ese plazo es de 40 días en España. Pero en Europa se habla de llegar hasta los 18 meses. López Garrido, que ha llevado a Europa la oratoria que antes lucía como portavoz socialista en las Cortes, ha declarado que España apoyará la directiva europea, porque hay que alentar la inmigración legal y desalentar la ilegal. El mensaje que Europa quiere mandar a los inmigrantes y a las mafias que comercian con ellos, como en la época de la esclavitud, es que el destino último para quien llega sin papeles es el retorno a su país. A veces se cumple aquella frase de Fraga de que los socialistas sólo aciertan cuando rectifican. El nuevo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, parece dispuesto a corregir algunas de las ligerezas cometidas en este asunto. Tendrá que escuchar las sugerencias del PP, cuya propuesta de contrato de integración para extranjeros el propio Rubalcaba calificó de xenófoba, y confirmar que, en algunas cosas, esta legislatura va a ser una etapa de rectificaciones.
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