Columna de
FranciscoCabrillo
Lo que significaría un beneficio para unos cuantos supondría empeorar la situación de otros
FRANCISCO CABRILLO
La actual ministra de la vivienda no pasará seguramente a la historia. Pero si algún recuerdo queda de ella en el futuro no será, ciertamente, a causa de su competencia en el análisis de los principales problemas que afectan al mercado inmobiliario. Sería fácil ofrecer bastantes ejemplos de ello. Pero quiero hoy centrarme en una cuestión muy concreta, que ha sido objeto de algún debate en los medios de comunicación: los efectos posibles de la propuesta de subvencionar a determinados grupos de inquilinos potenciales con el objetivo de que, con ayuda económica, les resulte más fácil alquilar un piso. Algunos economistas, nada más conocerse este plan, han pedido un poco de sensatez y reflexión; y han señalado que la medida podría tener el efecto no buscado de elevar el precio de los alquileres de la viviendas a las que podrían tener acceso los perceptores de las subvenciones. Desde el Gobierno se han apresurado a rechazar esta crítica, sin que se conozcan bien los argumentos por los que creen que su política no afectará a los precios.
¿Quién tiene razón? La verdad es que se trata de un problema bastante sencillo, que podría ser utilizado incluso como un ejercicio de clase en un curso elemental de economía. Basta para ello aplicar algunos conceptos básicos de la teoría de la demanda y del equilibrio de mercado. Es bien sabido que la demanda de un determinado bien o servicio depende de diversos factores, entre los cuales el precio y la renta de los consumidores son, sin duda, los más relevantes. Cada uno de ellos afecta a la cantidad demandada de una forma diferente. Si suben los precios, sin que el resto de los factores cambie, la cantidad demandada disminuye. En cambio, si crece la renta disponible de los consumidores —y los demás factores permanecen constantes— la cantidad demandada aumenta. La subvención ofrecida por el gobierno tendría, sin lugar a dudas, el efecto de elevar la renta de los potenciales arrendatarios. Y éstos incrementarían, por tanto, la demanda de pisos de alquiler. Dado que se trataría de una subvención finalista —el dinero recibido sólo podría gastarse en pagar una parte de la renta de la vivienda— el efecto sobre la cantidad demandada sería significativamente mayor que si se tratara de un subsidio no condicionado.
Por otra parte, un principio fundamental de la economía establece que, si tenemos una función dada de oferta de alquiler de viviendas, el crecimiento de la demanda elevará el precio. Y esto tendrá lugar en todos los casos, con la excepción de la circunstancia prácticamente imposible en este mercado de que la oferta tenga una elasticidad infinita; es decir, que, para cualquier crecimiento de la demanda, los oferentes estén dispuestos a poner en el mercado todos los pisos que se soliciten a un determinado precio, sin que éste se vea afectado por la existencia de una mayor demanda. De no ser así —y no lo será en el mundo real— los precios subirán. Y esto tendrá, a su vez, un doble efecto. Por una parte, los alquileres serán más caros; y, por otra, como consecuencia de ello, la oferta también crecerá en alguna medida, ya que se habrán creado mayores incentivos a los propietarios a poner sus pisos en alquiler. En qué grado lo hagan, dependerá de diversos factores, especialmente de la valoración que realicen los dueños de viviendas de los nuevos precios frente al riesgo que hoy sigue suponiendo en nuestro país ser arrendador. Pero resulta claro que, cuanto más rígida sea la oferta, mayor será la subida de precios.
La conclusión es, por tanto, que no cabe duda alguna de que los subsidios a los inquilinos serían, finalmente percibidos en parte por los arrendadores mediante una subida de precios. Se puede argumentar —y con razón— que, a pesar de todo, los inquilinos que resultaran beneficiados por el subsidio tendrían más fácil acceder a una vivienda. Pero no deberíamos olvidar que, de acuerdo con la propuesta del Gobierno, el subsidio no sería universal; y lo que significaría un beneficio para unos supondría empeorar la situación de otros, concretamente de aquellos que no recibieran ayuda alguna por parte del Estado, ya que su renta no aumentaría y deberían pagar precios más elevados en el mercado de alquileres.
Esta, y no otra, es la realidad. Lo malo —o lo bueno— de la teoría económica es que es un instrumento excelente para analizar nuestro comportamiento en muy diversos ámbitos de la vida. Y los inquilinos y los arrendadores no son, desde luego, una excepción a esta regla.
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