Columna de
FranciscoCabrillo
Esta expropiación del derecho de uso de la vivienda transmite al mercado una incertidumbre
FRANCISCO CABRILLO
El problema de la vivienda se ha convertido en una auténtica obsesión nacional. Lejos de mí negar la existencia de tal problema y sus efectos en la vida de muchos españoles. Pero la idea de mucha gente de que nunca ha sido tan difícil adquirir un piso en nuestro país y de que los jóvenes se encuentran en una situación mucho más desfavorable que la que vivieron sus padres es totalmente falsa y sólo se puede defender desde el desconocimiento de nuestra historia reciente. Quienes compraron sus primeros pisos hace ya bastantes años y se endeudaron a tipos de interés del 15 o el 20% anual entenderán bien lo que quiero decir.
Lo malo es que algunos políticos españoles están convencidos de que la situación es terrible y en sus manos están las fórmulas mágicas que todo lo curan. Por ello no cejan en su empeño de utilizarlas, sin hacer caso de quienes, con sentido común, les recomiendan pensar un poco las cosas antes de actuar. No nos habíamos aún recuperado de las peregrinas propuestas del Ministerio de la Vivienda cuando nos enteramos de los planes del Gobierno catalán, que hacen que los de la señora ministra parezcan sensatos. No voy a referirme a ese sorprendente programa de construir y rehabilitar cientos de miles de viviendas, que se presenta en unos momentos en los que todo el mundo parece estar de acuerdo en que se han construido demasiados pisos en los últimos años y el mercado se encuentra en una situación en la que la oferta supera claramente a la demanda a los precios actuales. Me limitaré, en cambio, a ofrecer algunas reflexiones sobre la ley catalana que pretende obligar a los propietarios de viviendas a poner en alquiler sus pisos, quieran o no.
Es posible que la idea, al final, quede en nada, como tantas y tantas propuestas absurdas que hemos venido escuchando en los últimos años. Pero sus implicaciones son, cuando menos, preocupantes. Esta política de incautación encubierta de los pisos puede ser criticada desde muchos puntos de vista. Permítanme que mencione sólo dos. El primero es el de los derechos de la persona, ya que esta política ataca de forma radical el derecho de propiedad, al impedir a una persona decidir sobre el uso que quiere dar a sus propios bienes. El segundo es el de la eficiencia económica, ya que los efectos de esta medida pueden ser muy graves para el buen funcionamiento del mercado inmobiliario. Esta expropiación del derecho de uso de la vivienda transmite al mercado una incertidumbre tal que no cabe duda de que creará todo tipo de efectos indeseados, desde la necesidad de aplicar una política inquisitorial para saber cuál es la situación de cada vivienda hasta la reducción de la demanda por parte de aquéllos que se plantean comprar un piso como bien de inversión o para donarlo a sus hijos cuando alcancen una determinada edad.
Tras las medidas de este tipo —cuyo objetivo es, en última instancia, la cesión de derechos de propiedad individuales al poder público— suele estar la idea de que el mercado, por sí mismo, es incapaz de conseguir que los mercados funcionen de manera eficiente. Las causas que se alegan para que esto sea así no resultan claras. Pero la idea se repite, una y otra vez, desde algunos órganos de Gobierno y no pocos medios de comunicación. Algunos culparán a defectos intrínsecos del sistema capitalista; otros a la avidez de los especuladores. Pero, sea cual sea la razón, el Estado presupone que puede elevar el bienestar social limitando la libertad de sus ciudadanos.
Por desgracia, el siglo XX es una fuente inagotable de experiencias en relación con los efectos que la intervención del mercado de la vivienda tiene en la carestía y escasez de casas habitables. Se me dirá, tal vez, que la medida que el Gobierno catalán pretende aplicar tiene un alcance bastante limitado. Pero esto es habitual en las políticas regulatorias. Se empieza con un poco; pero, cuando el gobierno de turno se da cuenta de que no consigue lo que busca, da una nueva vuelta de tuerca e incrementa el nivel de la regulación. En nuestro caso, se intentará, seguramente, fijar precios en los arrendamientos y aplicar medidas policíacas de control, para evitar que la gente incumpla la norma, hasta conseguir un ambiente no especialmente grato para alguien que tenga un mínimo aprecio a la libertad.
Como colofón, habría que recordar que la ministra de Vivienda ha elogiado el plan, y ha llegado incluso a calificarlo de “inteligente”. Como me decía el otro día un amigo que tiene vocación de filósofo: si éstos son los inteligentes, ¿cómo serán los otros?
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