Columna de
JaimeRodríguez-Arana
Nos merecemos un TC que cumpla con libertad su función.
Jaime Rodríguez-Arana
El paso del tiempo pone de manifiesto la necesidad de renovar las instituciones. En unos casos se trata de ajustes que afectan a aspectos tangenciales o periféricos y, en otros, es menester introducir cambios sustanciales que garanticen el funcionamiento de las instituciones con arreglo a los fines para los que se constituyeron en su día. En España, a día de hoy, el funcionamiento del Tribunal Constitucional, en alguna medida del Tribunal Supremo, o de los diferentes entes reguladores en materia de energía, de telecomunicaciones o del mercado de valores, es manifiestamente mejorable porque el actual grado de politización existente resta competencia, credibilidad y prestigio a dichas instituciones.
Los españoles nos merecemos un TC que cumpla con libertad y autonomía la función que le es propia. El grado de politización del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas o del Consejo General del Poder Judicial es tan obvio que hoy prácticamente nadie en su sano juicio lo niega. El nivel de las interferencias del Gobierno en determinadas operaciones económicas bien conocidas ha dañado el prestigio y la imparcialidad de algunos de nuestros entes reguladores. El prestigio de estos órganos que la doctrina científica denomina administraciones independientes o neutrales es un asunto que debiera plantearse rigurosamente en esta legislatura si es que queremos que España ocupe el lugar que por derecho propio le corresponde en el concierto internacional.
¿Qué habría que hacer para que el TC actúe con libertad y autonomía? ¿Qué reformas habría que introducir en el Tribunal de Cuentas para que en su función fiscalizadora actúe con independencia? ¿Qué criterios habría que seguir para profesionalizar el acceso al TS? ¿Cómo se podría salvaguardar la racionalidad técnica en las decisiones de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de la Energía o de la Comisión de las Telecomunicaciones? Por de pronto, para implantar determinadas reformas es imprescindible reconocer su necesidad. Si los políticos prefieren, unos y otros, repartirse el botín y colocar en las instituciones de control y regulación a personas afines sin más criterio de selección que el de la adscripción ideológica, entonces seguiremos igual. Si, por el contrario, son conscientes de que la imagen de un TC en crisis daña el sistema político o si se percatan de que los mercados internacionales castigan a un país en el que determinadas operaciones empresariales han de plantearse en la sede de la presidencia del Gobierno, entonces deberían acometerse unas reformas que en mi opinión son inaplazables. ¿Qué problema habría en que los doce miembros del Tribunal Constitucional fueran los mejores juristas del país? En el caso de los entes reguladores, ¿qué perjuicio podría ocasionar a nuestro sistema político que los miembros de estas comisiones fueran los mejores profesionales del sector? Si estamos de acuerdo en que las funciones de control y regulación son esenciales para el prestigio y el buen nombre de un país, entonces tendríamos que buscar criterios que pudieran garantizar la presencia de los profesionales mejor preparados en estas instituciones. Si, por el contrario, se prefiere seguir en un mundo de creciente politización, en el que las sentencias del TC sean predecibles en función de las mayorías políticas y no en función de la seguridad y racionalidad jurídica, entonces seguiremos con un sistema de ocupación partidaria de las instituciones de control y regulación.
Se ha planteado que es posible que los partidos se pongan de acuerdo para que estas instituciones “independientes” estén integradas por las personas que mejor garanticen la imparcialidad y el rigor en las actividades que realicen. Si ello fuera cierto, los partidos tendrían que someterse a un proceso de intensa renovación de manera que los actuales dirigentes acuerden renunciar a las cuotas de control e influencia que hoy todavía buscan en dichas instituciones. En otras palabras, ¿no será que se prefiere el control político al prestigio institucional?
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo.
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