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El Congreso estudia la expulsión de extranjeros que pasen por la cárcel

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La Policía estima que esta medida reduciría a la mitad los delitos cometidos por inmigrantes.

87 inmigrantes irregulares fueron interceptados en la playa de Haria (Lanzarote). EFE

Jorge Valero

Madrid. El debate que gira en torno a la vinculación entre inmigración y delincuencia ha llegado hasta los enmoquetados pasillos del Congreso. El Congreso estudia la expulsión de todos los extranjeros que pasen por la cárcel sin importar si tienen el permiso de residencia permanente.

Esta medida es una de las siete propuestas que la Confederación Española de Policía (CEP) ha planteado a la Subcomisión de inmigración de la Cámara para endurecer la Ley de Extranjería en España.

Según señala Rodrigo Gavilán, portavoz del sindicato, "la expulsión de los extranjeros que hayan pasado por prisión por delitos dolosos sería una medida fundamental que podría reducir la delincuencia cometida por extranjeros a la mitad".

En un momento en el que media Europa ha vuelto la mirada hacia las expulsiones masivas decretadas por Italia para todo aquel comunitario sospechoso, Gavilán reconoce que en España "se lleva haciendo años este tipo de repatriaciones, según lo permite el Código Penal".

Sin embargo, las cifras de la población penitenciaria y las estadísticas de los delitos exigen, opina el sindicato, medidas más contundentes.
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, actualmente uno de cada tres reclusos es extranjero. Esta misma proporción se repite con los autores de delitos durante el pasado 2006.

En opinión de la CEP, no es la inmigración irregular, como habitualmente se cree, la que conforma el sumidero más propicio para la comisión de delitos. Por eso, su propuesta planteada ante los diputados pretende poner la espada de Damocles sobre aquellos que ya han conseguido los papeles.

Esta valoración coincide con las cifras de las fuerzas de seguridad del Estado, en las que se observa un crecimiento considerable de los actos delictivos cometidos por aquellos en situación regular frente a los cometidos por los irregulares.

En el primer semestre del año 2006, el número de detenidos entre los residentes legales ascendió a 26.046, mientras que en el mismo periodo del año siguiente subió hasta los 30.554. Por contra, los detenidos en situación irregular descendió en medio millar hasta los 14.043.

Problemas jurídicos

La reforma que debate la subcomisión podría encontrar acomodo en nuestro marco legal, según las fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA.

Los mismos magistrados detallan que el planteamiento consistiría en la incorporación de una medida de seguridad que reforzaría a una pena, como puede contemplar el sistema español. Sin embargo, para recorrer este camino, habría que considerar que la medida de seguridad fuera compatible con la propia pena, que el tratamiento penitenciario hubiera demostrado su fracaso en la reeducación del preso y que no supusiera una discriminación por comparación respecto a los nacionales. "Todo esto nos lleva a la conclusión de que los extranjeros no deberían considerarse como un grueso homogéneo, sino que debería estudiarse caso por caso", aclaran.

Los partidos políticos que forman parte de esta subcomisión, con función deliberativa y no legislativa, han tomado nota de las recomendaciones. Sin embargo, son ideas que ya se posponen para la siguiente legislatura.

Pilar López, del grupo socialista, reconoce que la reforma de la Ley de Extranjería es una de las conclusiones que se incluirán para la próxima legislatura. Sin embargo, es demasiado "pretencioso pretender marcar alguna indicación que ya quedará en manos del próximo Gobierno". Portavoces de CiU alejan las manos del polémico asunto y dicen que no tienen una posición al respecto porque resulta demasiado "prematuro".

Sin embargo, la priorización dada desde la UE a la inmigración para los próximos meses y la improvisación, señalada en casos como el italiano, urgen a la Policía a no sortear un debate que, para ellos, exige una solución.

Junto con la expulsión de los extranjeros condenados con permiso de residencia, las recomendaciones de los uniformados incluyen:

■ La paralización de la renovación de los permisos de residencia a los extranjeros con causas judiciales pendientes. En la actualidad, una sentencia judicial en firme es el único obstáculo para impedir el trámite.
■ La prohibición de que los foráneos puedan acceder a los permisos de residencia permanentes con causas judiciales pendientes.
■ El acceso, por parte de las Oficinas Únicas de Extranjería, responsables de la renovación de los permisos, a las bases de datos de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, y el Sistema de Información Penitenciaria (SIP), además de los archivos de la Policía y el Ministerio de Justicia.
■ Permitir que los consulados de España en el extranjero tengan acceso a las mismas fuentes de información, lo que mejoraría el seguimiento de las causas judiciales pendientes para rechazar la concesión de visados.
■ La incorporación en el Registro Central de Extranjeros el número de familiares reagrupados por cada extranjero. Permitiría observar que el inmigrante reúne las condiciones socioeconómicas para mantener a sus familiares, como exige la Ley de Extranjería.
■ Mejorar las salas de retornados en los aeropuertos para evitar actos violentos; e incorporar policías como refuerzo a las Oficinas Únicas de Extranjería.