Francia y Alemania apuestan de nuevo por una regulación europea común sobre derecho de asilo y acogida de extranjeros. Aunque suponga reducir la soberanía estatal, se impone esa política común, incluida en los acuerdos de Tempere de 1999, ante la supresión de fronteras en la UE.
De momento, algunos países están acentuando el control, como acaba de comprobarse con el decreto-ley italiano, promulgado a raíz de un grave delito cometido por ciudadanos de Rumanía, por cierto, país comunitario. Antes, se había aprobado en Francia la Ley Hortefeux, que serviría de pauta a la presidencia francesa de la UE, en 2008, para alcanzar un acuerdo comunitario. Hasta ahora, se ha decidido sobre la lucha contra las redes mafiosas de inmigración, pero falta consenso en temas tan importantes como la concesión de asilo y de permisos de residencia, así como sobre regularizaciones masivas.
En ese contexto internacional, LA GACETA da a conocer la noticia de que el Congreso se plantea estudiar, a propuesta de la policía, la expulsión de los extranjeros que pasen por la cárcel. Todo queda para la próxima legislatura, pero se advierte una cercanía de enfoques entre los principales partidos, incluida la necesidad de facilitar al máximo la información entre la policía española y los consulados. Concretamente, y sin caer en tópicos que asocien delincuencia e inmigración, no parece lógico conceder o renovar la residencia a extranjeros encausados, o ya condenados de acuerdo con el código penal. En fin, no se puede olvidar que las consecuencias inciertas de la inmigración, en un contexto de desaceleración económica, pueden complicar aún más la situación.
El Congreso estudia la expulsión de extranjeros que pasen por la cárcel
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