Como se esperaba, el transporte sufre en Francia gravísimas perturbaciones. De una parte, refuerza la reivindicación sindical, que se opone a la reforma del privilegiado régimen de pensiones del sector. Pero, de otra, contribuye a la impopularidad del conflicto y de las propias centrales.
Tal vez por esto, el número de huelguistas es inferior al del pasado 18 de octubre. Y, a la vez, sindicatos y Gobierno parecen dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo que evite la prolongación de los problemas que sufre la sociedad con una huelga de ese estilo. Una manifestación de flexibilidad viene de la poderosa CGT, que reclamaba una negociación nacional y ahora parece dispuesta a aceptar conversaciones distintas en cada gran empresa del sector. Se evitará así una especie de prueba de fuerza contra Sarkozy, que tampoco desea el Partido Socialista, pues considera adecuado el fondo de la reforma. No parece que cuestiones de formas o procedimientos obliguen a la sociedad a pagar tan grave precio. Las primeras declaraciones tras la reunión entre Gobierno y sindicatos reflejan el deseo de llegar a soluciones. Desde luego, Sarkozy y Fillon no cederán en los criterios fundamentales. De su posición de fuerza dependerá mucho la credibilidad, pues, aparte de la movilización universitaria, se anuncian ya huelgas importantes de funcionarios civiles y en la administración de justicia. Ceder supondría renunciar a promesas y reformas, indispensables para la reactivación de la economía francesa.
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