La tibieza oficial contribuye al incremento desaforado del consumo de drogas.
CONTRASTA la política catalana en materia de drogadicción con la responsabilidad que alcanza este problema en tantos países desarrollados, comenzando por la propia Comisión de Bruselas y el Parlamento de Estrasburgo.
Hace un año, el consejero de Interior de Cataluña desataba ya una fuerte tormenta, al afirmar, en contra de las tesis dominantes en el mundo civilizado, que la legalización de todas las drogas es el mejor medio de combatir el narcotráfico y las enfermedades que llevan asociadas.
Ciertamente, países productores, como los andinos, se quejan de que Europa o EEUU no den, de veras, la batalla a las raíces del consumo. Pero eso no significa negar la importancia de reducir la oferta, para acabar venciendo en la guerra contra las adicciones. Menos se sostiene aún la banalización del problema. No parece lógico que las autoridades se limiten a bendecir toda realidad de hecho, pues algunas tendencias no son tolerables: dentro de la complejidad, ahí los dirigentes pueden y deben influir con sus políticas. Al contrario, como se comprueba en Cataluña, avanzadísima en tantos aspectos, la tibieza oficial contribuye al incremento desaforado del consumo de drogas, más allá de la evidente anomia social. En esa grave situación, no se sostienen campañas como la promovida por el departamento de Salud de la Generalitat, que parece admitir juegos letales para los adolescentes. Hace unos días se hacía público en Washington un informe de la Oficina Nacional de Control de la Drogadicción. Confirma que el uso —no el abuso— del cannabis puede causar problemas mentales como ansiedad, depresión, brotes psicóticos o incluso tendencias suicidas. Fumar marihuana aumenta el riesgo de sufrir esas dolencias psíquicas en un 40%. Es más grave aún el peligro en la juventud femenina: cinco veces mayor que el de las chicas que no fuman hachís.
Desde el poder público se debe apoyar a la familia y a la escuela para consolidar hábitos estables en la población joven. Al contrario, no son de recibo campañas complacientes, aunque pretendieran evitar males mayores. Nada se logra aceptando la realidad del consumo y desconociendo datos médicos esenciales, quizá sin ignorancia, sino con conocimiento de causa. No parece coherente el énfasis en campañas contra el tabaco y el alcohol, si las autoridades se inhiben o fomentan en la práctica algo mucho más grave. Urge abordar a fondo el consumo de drogas, que desborda a las familias y a la sanidad, especialmente en Cataluña.
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