Columna de
ISánchez Cámara
Responsabilidad del Gobierno
La ofensiva republicana, que vulnera la legalidad, es imputable sólo a sus autores.
La valoración de la acción del Gobierno sólo puede aspirar a ser justa si discierne entre lo que es responsabilidad suya y lo que no lo es. También es preciso distinguir entre lo que es consecuencia directa de su acción de lo que es imputable a otros, aunque dentro de esto último también le puede corresponder una responsabilidad secundaria o indirecta por acción u omisión. Es evidente que el último atentado de ETA sólo es imputable, como todos los anteriores, a la banda terrorista y sólo a ella. Así lo ha reconocido la oposición. Pero este hecho irrefutable no impide exigir cuentas al Gobierno por la dirección de su política antiterrorista y sus eventuales errores. Naturalmente estos errores en absoluto pueden convertirse en una atribución de culpabilidad por los atentados, pero sí cabe exigirle responsabilidad política por las deficiencias de la gestión. No hay área de gobierno en la que en una democracia impere la impunidad.
El atentado de ETA es imputable sólo, por supuesto, a sus autores, y no demuestra el fracaso de la política antiterrorista del Gobierno (todos los Gobiernos los han sufrido). Pero nunca debió cambiarse la política antiterrorista pactada por los dos principales partidos y entablar un proceso de negociación con la banda que ha fracasado, ni permitir que los terroristas volvieran a las instituciones, ni someterse a la presión de uno de ellos, no calificarlos como “hombres de paz”. Ha sido, por lo demás, un fracaso anticipado por los mejores conocedores de la criminalidad de ETA. Condicionar el imperio de la ley a una estrategia política es siempre un error. Lo sería aunque no se hubiera cometido el último atentado. No deja de ser natural pensar que el Gobierno volvería a negociar con ETA si ganara las elecciones. En cualquier caso, no es disparatado hacerlo.
Sobre el Estatuto de Cataluña la responsabilidad del Gobierno es inmensa y directa. Cuando el proyecto agonizaba, el presidente del Gobierno lo reanimó y salvó. Aquí sí que cabe imputarle una responsabilidad directa. Por lo demás, el PSOE forma parte de la coalición tripartita de gobierno catalán que lo ha sacado adelante. La quema de los símbolos nacionales, como la bandera, y de los retratos del Rey sólo son imputables a sus autores, pero al Gobierno le corresponde la responsabilidad de gobernar en Cataluña con un partido independentista y republicano, algunos de cuyos dirigentes y miembros no son ajenos a los agravios a la Nación y a sus instituciones y símbolos. Cada cual tiene su responsabilidad. El referéndum independentista de autodeterminación, que vulnera abiertamente la Constitución es responsabilidad directa de Ibarretxe y del PNV. Lo que incumbe al Gobierno es la debilidad de su respuesta y su decisión de aliarse con los partidos nacionalistas y con IU para marginar y aislar al PP. La ofensiva republicana, que vulnera la legalidad, es imputable sólo a sus autores. Al Ejecutivo le corresponde la responsabilidad de aliarse y gobernar con ellos en lugar de oponerse. El envalentonamiento de los antisistema sólo ha sido posible gracias a la dejación de quienes tienen la obligación de defender la convivencia democrática.
Todas estas, salvo el Estatuto de Cataluña, son, en el mejor de los casos, consecuencias necesarias, pero no deseadas, de sus acciones. Pero la clave de todo ello sí reclama la responsabilidad del Ejecutivo. Su proyecto de permanecer en el poder el mayor tiempo posible le ha conducido a un radicalismo opuesto al espíritu y a la letra de la transición y la Constitución. Su objetivo sólo puede ser servido mediante un proyecto de naturaleza totalitaria de transformar la sociedad para volverla inerme y dócil a sus objetivos, y que consiste en la exclusión de la oposición de la vida pública. Esto es lo que define, entre otras cosas, a los totalitarismos: la exclusión de la oposición y la apropiación de lo que pertenece a todos. Por eso, el presidente del Gobierno no se declara heredero de la Transición sino de la Segunda República. En este sentido, el actual proyecto de ley de la memoria histórica se revela no como un accidente innecesario, sino como pieza maestra de su acción política. Hay que aprobarla “como sea”, cediendo a unos y a otros, excepto a quienes representan a casi la mitad de los votantes. Hay cosas discutibles y otras que no lo son. Entre estas últimas se encuentran, sin duda, la ruptura de la concordia y la agresión a la Nación y, con ella, a la Constitución. El ambiente político se ha radicalizado y es hoy mucho peor que hace cuatro años. Cada cual tiene que responder de sus actos, pero la responsabilidad del Gobierno es, en este sentido, grave. Y estos males serían aún más perceptibles para muchos ciudadanos si la opinión pública no estuviera sometida a una propaganda favorable al Gobierno, sobre todo en las televisiones. Hay errores políticos que sólo cura el paso de un tiempo razonable en la oposición, pero entre los muchos bienes de la democracia no se encuentra el de librar a una sociedad de sus propios errores.
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