Sin derecho a preguntar. El 78% de las preguntas de particulares no recibe respuesta de las instituciones.
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El Ministerio de Defensa ha demostrado ser la institución más opaca, según el informe de la... |
Madrid. Entre los caminos que le quedan por recorrer a la democracia española está el del acceso sin condiciones a la información pública en poder de las administraciones. La plataforma Access Info, que defiende en toda Europa este derecho universal de los ciudadanos, acaba de presentar un informe sobre España en el que se concluye que el 78% de las peticiones de información por parte de particulares no consigue ninguna respuesta de las administraciones competentes.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró partidario de aprobar una ley de acceso a la información pública esta misma legislatura, en su discurso del pasado 5 de octubre ante la asamblea de la Sociedad Iberoamericana de Prensa. La única norma española que regula por encima esta materia es la Ley de Procedimiento Administrativo de 1992, en todo caso, mucho menos garante que la ley de información pública que Suecia aprobó en 1776. La iniciativa ya figuraba en el programa que llevó el Partido Socialista a las elecciones generales de 2004 y ha vuelto a estar presente en las de 2008.
“Los obstáculos a la información en estos momentos son impresionantes. Queremos que se reconozca a los ciudadanos este derecho, que para algo pagan las administraciones con sus impuestos, y que además se apruebe una ley específica para regular esta materia”, explica Eva Moraga, abogada experta de Access Info. La plataforma trabaja con el Consejo de Europa en la redacción de un tratado internacional que siente las bases de la transparencia en Occidente.
La legislación española tan sólo obliga a las administraciones a proporcionar información cuando ésta figure en un expediente, pero ni siquiera especifica en qué consiste un expediente y, menos aún, qué tipo de información debe ser reflejada. Las decisiones son arbitrarias. Reino Unido y México, por ejemplo, obligan a sus organismos a publicar información exhaustiva sobre su funcionamiento (composición, estructura, salarios...). Los ministerios de ambos países publican, además, las preguntas que formulan los ciudadanos con sus correspondientes respuestas para que sean accesibles.
El plazo medio de respuesta —en el caso de que ésta exista— es otro problema. Frente a los 38 días de media de España, según el estudio de Access Info, los países nórdicos responden a sus ciudadanos en un plazo máximo de 48 horas.
La plataforma ha puesto a prueba a los ministerios de Defensa, Justicia y Cultura, al Consejo General del Poder Judicial y al Ayuntamiento de Madrid, entre otros organismos. De todos ellos, el Ministerio de Defensa ha demostrado ser el más oscurantista, según Moraga, “porque cree que toda la información que tiene afecta a la seguridad nacional”.
Consulte el anexo con las preguntas que no han sido contestadas
CINCO EJEMPLOS
CASO 1
El Ministerio de Defensa no facilita ninguna información a los ciudadanos, según su versión, porque la ley no prevé que esta información se pueda facilitar. Access Info preguntó a Defensa el número de inmuebles de su propiedad que había vendido en 2007; el número de miembros de las tropas españolas tratados por traumas tras un conflicto y el coste anual de su tratamiento; las denuncias presentadas en las Fuerzas Armadas por discriminación de sexo; y el número de soldados que han sufrido amputaciones en Irak y Afganistán desde 2001. Ninguna de las preguntas fue contestada, aunque Defensa reconoció tener dicha información. Access Info ha recurrido ante los tribunales.
CASO 2
El Ministerio de Cultura se niega a dar información sobre el canon, alegando que las memorias de la SGAE no forman parte de un expediente. La plataforma pidió a Cultura que detallara en qué gasta la SGAE el dinero que recauda con el canon, puesto que es este departamento ministerial el que debe controlar a la organización de artistas. Sin embargo, Cultura se escuda en que los informes no forman parte de un expediente, documento que debe existir para ser proporcionada la información al público, según la Ley de Procedimiento Administrativo de 1992.
CASO 3
El Ministerio de Justicia no aclara cuánto paga por el alquiler de varias sedes, por tratarse de un contrato en vigor. El departamento se niega a hacer públicos los costes de alquiler de sus edificios en la Comunidad de Madrid, aplazando esta información al día en que los contratos de arrendamiento se extingan. Access Info denuncia que, de esta forma, los ciudadanos no podrán conocer hasta dentro de varios años cuánto gasta Justicia —ni los datos de cualquier otro contrato en vigor—, a pesar de que el dinero procede de sus impuestos.
CASO 4
Interior no ofrece datos sobre las personas expulsadas de territorio español porque es “desaconsejable” dar esta información a particulares. Pero que sea desaconsejable o no lo sea no es un motivo para justificar la ocultación de este dato. Además, el propio ministerio dio a conocer la información en su página web, contradiciéndose.
CASO 5
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se niega a aportar el número de magistrados a los que se les abrió expediente disciplinario en 2007. El CGPJ no sólo no ofreció la información, sino que además pidió al solicitante acreditar su legitimidad para conocer dichos datos y motivar su interés. Access Info defiende el principio general de publicidad para todo tipo de datos, siempre que no afecten a la seguridad o a la privacidad de las personas. Este principio también excluye que los solicitantes tengan que argumentar para qué desean la información. El CGPJ no lo entendió así, pero, a la segunda, ofreció la respuesta a los dos meses: 41 expedientes.
El Defensor del Pueblo también tiene una ‘lista negra’
El informe que el Defensor del Pueblo debe enviar a las Cortes anualmente incluye un apartado dedicado en exclusiva a las “administraciones entorpecedoras que han incumplido o se han retrasado notoriamente en responder a sus requerimientos”, a pesar de que la Ley Orgánica 3/1981 obliga a todos los organismos a colaborar con esta institución “con carácter urgente y preferente”. Algunas de las instituciones que cita el Defensor del Pueblo han obviado hasta tres requerimientos oficiales. La lista incluye a la Dirección General de Aviación Civil, la Demarcación de Carreteras del Estado en Málaga, la Dirección General de Tráfico, la Agencia Andaluza del Agua, Viviendas del Principado de Asturias, la Consejería de Vivienda de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunitat Valenciana. Terminan la lista de administraciones entorpecedoras 34 ayuntamientos de toda España, por no contestar a solicitudes relacionadas con el bienestar de sus vecinos. El urbanismo, la telefonía móvil y el ruido copan la mayoría de protestas.
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