Las partes tendrán que pronunciarse tras el desmentido a los 'populares'.
David F. Grande
Madrid. El Tribunal Constitucional acordó ayer dar traslado a las partes personadas en el recurso contra la reforma del Constitucional de "las actuaciones y traslado de varias comunicaciones" que se han producido durante su tramitación. Es decir, el PP tendrá que pronunciarse sobre si mantiene sus recusaciones, después de que seis jueces, entre ellos dos conservadores, desmintiesen los argumentos en los que basaban su escrito.
El fuego cruzado de recusaciones entre el Gobierno y el PP ha dejado al tribunal en una inaudita situación de crisis, ya que habían dejado al tribunal con menos magistrados del quórum mínimo para poder desempeñar su cometido. El presidente en funciones, el conservador Vicente Conde, optó porque todos los magistrados (salvo la presidenta y el vicepresidente, que se abstuvieron en la causa) decidan sobre las recusaciones, de modo que los propios jueces recusados decidirán sobre si son apartados de la causa.
El miércoles, los magistrados discutieron durante más de cuatro horas, pero no lograron un acuerdo sobre las recusaciones del PP, que se estudian antes que las del Gobierno. Según el PP, tres jueces progresistas habrían manifestado en una reunión a la presidenta, la progresista María Emilia Casas, su acuerdo con la reforma que prorrogaba automáticamente el mandato de ésta.
Ayer, el Constitucional decidió aplazar su decisión hasta que las partes se pronuncien sobre los nuevos documentos. Los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, ambos recusados por el Gobierno, se opusieron y anunciaron votos particulares. De entre los nuevos documentos, el más importante es la carta que seis magistrados, dos de ellos conservadores, enviaron al presidente en funciones. Estos jueces, que estuvieron en la reunión entre los recusados y la presidenta que sirvió de argumento al PP para sus impugnaciones, negaron que en ella los progresistas mostrasen su acuerdo con la ley, como sostenían los populares.
Tras conocerse este documento, el PP se negó a retirar sus recusaciones, argumentando que ya estaban en poder del tribunal y que era éste quien debía decidir sobre ellas. Al remitir estos escritos, el Constitucional garantiza que las partes involucradas no sufran indefensión por no habérseles dado traslado de las nuevas pruebas y, a la vez, fuerza al PP a confirmar o retirar sus recusaciones. En el hipotético caso de que las retirase, el tribunal volvería a tener los suficientes jueces para adoptar decisiones con normalidad.
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