En los dos últimos años, fueron juzgadas 69.400 personas por este tipo de violencia, de las que el 72 por ciento fueron condenadas 50.086-, y el resto, absueltas.
(Efe)
Madrid. Siete de cada diez personas juzgadas por violencia de género fueron condenadas desde la entrada en vigor, hace dos años, de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, según explicó hoy en el Congreso la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas.
Durante el balance que hizo de la aplicación de la ley, Comas propuso algunas reformas legales, como la de eliminar la obligación del juez de dictar junto a la condena por estos delitos la pena accesoria de alejamiento, para permitir que en cada caso se valore la situación de riesgo de las víctimas.
Explicó que se dan casos en los que "las propias víctimas no entienden que se mantenga ese alejamiento porque dicen que no están en situación de riesgo" y puso como ejemplo las condenas dictadas por empujar violentamente a la víctima o amenazarla verbalmente, que pueden ser sancionadas con seis meses de prisión, a la que existe la obligación de añadir una pena de alejamiento de entre 6 y dos años.
Además, también propuso que debía eliminarse de la ley la posibilidad de no declarar contra un familiar, sobre todo en los casos en los únicamente existe el testimonio de la mujer para probar el maltrato y que suelen acabar en absolución.
En los dos últimos años, fueron juzgadas 69.400 personas por este tipo de violencia, de las que el 72 por ciento fueron condenadas
50.086-, y el resto, absueltas.
Destacó la mayor eficacia de los juzgados exclusivos de violencia contra la mujer, que dictaron 39.906 sentencias -el 81 por ciento condenatorias-, frente a los penales que también conocen estos casos, que emitieron 29.216 resoluciones -el 60% condenatorias-, a los que hay que sumar otras 278 sentencias en única instancia de las Audiencias -el 84% condenatorias-.
Por ello, se mostró partidaria de seguir con la especialización y agrupar por partidos judiciales los juzgados de violencia de género, que "han dado una respuesta más eficaz, prioritaria y de mayor calidad a las víctimas" para ir eliminando los juzgados "compatibles" que presentan deficiencias, como la saturación de casos y la falta de personal -sobre todo de fiscales y letrados de oficio-.
La presidenta del Observatorio mostró su preocupación por el número de sentencias absolutorias -55.923- que considera que se deben en gran medida al porcentaje de retirada de las denuncias, aunque se hayan reducido en estos dos años del 11 por ciento al 9,77%, sin olvidar la dificultad de demostrar hechos que suceden "intramuros de los domicilios".
En este sentido, lamentó que sólo un 1 por ciento de las denuncias fueron interpuestas por un familiar y reclamó una mayor implicación social, en referencia a los vecinos.
Respecto al número de mujeres muertas en los últimos cinco años, cerca de 400 -una media de 58 por año-, explicó que no se ha reducido, a pesar de que haya aumentado del 20 al 30 por ciento el número de víctimas mortales que habían denunciado antes los hechos, en los que en el 58 por ciento se habían adoptado medidas cautelares.
"Es injusto imputar a la ley estos datos", señaló Comas, quien añadió que sería como decir que no se ha acabado con el terrorismo por no tener medidas legislativas.
Denunció el hecho de que a los juzgados no estén llegando los datos de maltrato psicológico o partes de asistencia médica si no hay denuncias, en el 70 por ciento de los casos nunca se presentaron, por lo que en muchas ocasiones los fiscales y los jueces no pueden valorar "la trayectoria" de ese maltrato para imponer o no medidas cautelares.
Tomas también invitó al Tribunal Constitucional a resolver "con prontitud" las 133 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas sobre esta ley porque mantiene paralizados los procedimientos y rechazó que haya casos de denuncias falsas de forma generalizada.
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