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La Unión Europea incluirá a Odyssey en una "lista roja" de cazatesoros

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Ocho países apoyan la propuesta del ministro de Cultura César Antonio Molina, pero Inglaterra sólo "tibiamente".

Jan Figel, comisario europeo de Educación, apoyó la propuesta de César Antonio Molina. EFE

Santiago Mata

Madrid. El ministro de Cultura, César Antonio Molina, pidió ayer a sus homólogos de los 27 que la Unión Europea cree una "lista roja" que dificulte el comercio ilícito de bienes procedentes del patrimonio subacuático, y que impida que se repitan casos como el de la empresa estadounidense Odyssey, a la que el Gobierno acusa de saquear nuestro patrimonio.

Al término de la reunión del consejo de Cultura de la UE, Molina aseguró en rueda de prensa que su propuesta de que la UE tome nuevas medidas para proteger el patrimonio subacuático comunitario fue respaldada por Portugal, Italia, Francia, Grecia, Malta, Polonia, Rumanía y Reino Unido, que, sin embargo, fue el país "más tibio". También el comisario de Cultura, Ján Figel, se mostró favorable a la iniciativa.

El ministro recalcó ante sus colegas que "el patrimonio subacuático supone una riqueza de enorme valor para la preservación de nuestra memoria histórica común". "No es sólo un tema de España sino de toda la comunidad", señaló. También alertó al resto de ministros "del peligro que representan para ese patrimonio subacuático común empresas como Odyssey, dotadas de los más modernos medios tecnológicos".

Por estos motivos, Molina pidió que los Estados miembros y la Comisión inicien una "reflexión en profundidad" para "colmar cuanto antes el actual vacío jurídico" sobre esta cuestión. A su juicio, la primera medida concreta debería consistir en establecer, en coordinación con el Consejo Internacional de los Museos, una "lista roja" con el objetivo de "dificultar el comercio ilícito de bienes procedentes del patrimonio subacuático".

España pedirá, además, la inclusión de la protección del patrimonio subacuático como uno de los objetivos de la futura política marítima de la UE que se está poniendo en marcha. Estas medidas servirán, según el ministro, para complementar la puesta en marcha del plan del patrimonio subacuático que está preparando el Ministerio de Cultura, y que convertirá el museo y centro nacional de arqueología subacuática de Cartagena en la institución encargada de la "protección y vigilancia" de este patrimonio.

Molina declaró que "nos enfrentamos a empresas muy desarrolladas tecnológicamente que han visto que pueden vivir y comerciar obteniendo de manera ilícita un patrimonio histórico y arqueológico que nos corresponde a todos los españoles y todos los europeos. Hoy lo hemos traído, lo hemos publicitado, lo hemos sacado a la luz, hemos advertido que eso que nos está pasando a nosotros puede pasar a los demás o nos va a pasar a todos".

Refiriéndose a los cinco millones de dólares que la empresa cazatesoros reclama a España como indemnización por los meses en que sus barcos estuvieron bloqueados en Gibraltar y por la posterior detención y examen de los mismos por orden del juzgado de La Línea de la Concepción, el ministro dejó claro que el Gobierno "rechaza abiertamente dicha petición" porque a su juicio "entra en abierta contradicción con los principios generales del derecho, según los cuales, una autoridad judicial extranjera, como es el juez de Tampa, no puede juzgar ni entrar a valorar las resoluciones adoptadas por los tribunales de otro Estado soberano en el legítimo ejercicio de sus competencias jurisdiccionales".

Molina precisó que el abogado de España, James Goold, responderá el lunes a las alegaciones de Odyssey en Tampa, y recordó que el primer careo entre los abogados de ambas partes ante el juez tendrá lugar el próximo día 26.