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La justicia confirma el gran negocio de los abortos ilegales

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La investigación no deja lugar a dudas sobre las prácticas delictivas del "doctor muerte". Morín está acorralado.

Imagenes de fetos de siete meses en cuya eliminación ilegal estaba especializado la Clínica de...

Santiago Mata

Las diligencias del proceso contra el doctor Carlos Morín consideran “constatado” que “tanto las personas detenidas como otras investigadas aún sin detener, realizan continuamente abortos ilegales” en las clínicas Ginemedex y TCB de Barcelona, intervenidas el pasado 26 de noviembre.

Se acogían al primer supuesto (riesgo grave para la salud de la embarazada), “falseando o manipulando el preceptivo y obligado informe psiquiátrico”, sin que “jamás” un psiquiatra visitara a las mujeres. “La exigencia de pagar en metálico y la negativa a extender recibo por el pago, así como no informar a las pacientes sobre los documentos que firman, complementan el ambiente de irregularidades y ocultismo en el que se desenvuelven diariamente”.

Según el testigo protegido GC-1, Carlos Morín y su mujer María Luisa Durán han vivido del aborto ilegal “desde hace más de 15 años”, constituyendo “un grupo organizado cuyo modus vivendi es la realización sistemática de interrupciones voluntarias del embarazo ilegales”. La investigación supone “que nos encontramos ante un alarmante número de abortos ilegales”. Que Morín mismo los practicara es considerado un “dato de sumo interés a tener en cuenta en caso de confirmarse que padezca la enfermedad del sida”.

Entre los socios de Morín, destaca María Virtudes Sánchez Vázquez, activista pro aborto que antes trabajó en el centro Dator de Madrid, y que como “responsable de falsificaciones y manipulaciones de las historias clínicas” de EMECE, aparece entre quienes “de forma coordinada y con reparto de funciones” incurrieron en presuntos delitos de asociación ilícita, aborto ilegal, intrusismo y falsificación. Entre las historias incluidas en el sumario gracias a dos meses de escuchas telefónicas, se cita a una menor de edad holandesa a la que se quiere cobrar 5.000 euros por abortar un embarazo de 26 semanas (en Holanda es ilegal abortar más allá de las 22), aunque queda en 3.500 (24 de octubre de 2007). También se cobra 5.000 a una mujer enviada desde Italia por el “doctor Langella”, con un feto de 26 semanas con síndrome de down (29 de octubre). El 30 de octubre, a una mujer de Zaragoza cuya hija de 17 años (de 29 semanas), Virtudes Sánchez le dice que “el requisito para llevar a cabo la interrupción es tan solo ir provisto del documento de identidad de la menor y del acompañante”. Al día siguiente, la misma Virtudes deja sorprendida a una mujer de Huesca con 24 semanas de gestación, al asegurarle “de un modo tajante, sin haberla visto ni reconocido” que le harían el aborto a pesar de que en un centro médico de Zaragoza le informaron de que “con ese período de gestación ya no se podía realizar”.

El sumario recoge claros ejemplos “de riesgo y falta de profesionalidad”, como uno en el que Pedro Ávila, que actúa como anestesista sin tener título, no retira dos medicamentos a los que una cliente es alérgica, y reconoce que “nunca se ha dicho nada claro a ningún paciente”. Aparece también una conversación entre Morín y Marcial Rodríguez, hablando del aborto practicado a una danesa de 15 años con 31 semanas de gestación.

Pasada la primera impresión tras las detenciones de noviembre, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, propuso mayor secretismo como solución al aborto ilegal: “confidencialidad e intimidad; calidad y seguridad del servicio; seguridad jurídica de los profesionales”. Acompañado, según declaró el 3 de marzo, de una dosis de intimidación hacia los médicos que no hacen abortos, cuyos nombres quería el ahora ministro en funciones incluir en un registro.

En ese sentido cabe interpretar el “cumplir y hacer cumplir la ley” que dio como respuesta Zapatero el viernes al ser preguntado en Bruselas por los abortos ilegales. Hay un punto más, sobre el que ni Soria habla, pero que ya se presentó el 7 de marzo en el Ministerio de Sanidad como proyecto de Real Decreto para modificar el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria: en la página 4 de dicho decreto se define como “restos humanos de entidad suficiente” (que han de ser tratados como cadáveres) a las “partes procedentes de abortos de más de 28 semanas”.

La protesta de asociaciones como la de Madres de Niños Prematuros (si mueren antes de la semana 29 ¡no serán considerados seres humanos!) dejó en el cajón este decreto ya consensuado con el PP para permitir que los centros abortistas tiren los fetos a la basura.