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El Defensor del Pueblo ignora las alternativas al aborto

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Múgica ha pedido a las comunidades autónomas que garanticen la interrupción del embarazo en todos los hospitales públicos.

Enrique Múgica, Defensor del Pueblo. Efe

Santiago Mata

Madrid. La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) se queja de que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, "no responde a la abundante información presentada sobre las irregularidades de los centros privados de abortos".

En opinión de AVA, cuando una mujer quiere abortar, la sanidad pública la envía directamente a clínicas privadas e incumple la obligación legal de informarle sobre alternativas al aborto, contenida en el artículo 9 del Real Decreto 2409/1986, que exige a "los profesionales sanitarios informar a las solicitantes de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que puedan ayudarle".

Enrique Múgica, que antes de Defensor del Pueblo fue ministro de Justicia (1988-1991) y diputado del PSOE (1977-2000), declaró recientemente (ADN 26 de febrero) que "hay una ley del aborto que debe cumplirse, pero con cierta flexibilidad". Flexibilidad a la hora de no advertir sobre las alternativas y las secuelas del aborto; compatible con el celo por garantizar algo que las normas sobre el aborto no contemplan: que la mujer que aborta no tenga que desplazarse.

En tal sentido, según informó ayer a LA GACETA Manuel Aguilar, adjunto segundo al Defensor del Pueblo, se han cursado peticiones a todos los consejeros de Salud autonómicos para que "faciliten" el aborto en los hospitales públicos. Como el Consejo Interterritorial se reúne trimestralmente, las autonomías aún no han respondido a esta petición del Defensor del Pueblo, surgida según Aguilar a partir de la queja de algunas mujeres que tuvieron que desplazarse fuera de su localidad de residencia para abortar.

El pasado 1 de agosto, Múgica se lamentó de las "extraordinarias dificultades" que en su opinión hay para abortar en centros públicos, por lo que instó al ministro de Sanidad, Bernat Soria, a que "en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se adopten las medidas pertinentes que permitan garantizar a los usuarios del sistema público sanitario la atención en su comunidad de residencia y en los centros hospitalarios de referencia".

Como es sabido, la más lúcida ocurrencia de Soria al respecto, que fue anunciada el día 3 de marzo, fue presionar al personal sanitario que objeta al aborto, incluyendo sus nombres en un registro, con la excusa de que no suceda algo hasta entonces inaudito: que alguien objetara en la sanidad pública y abortara en la privada.

AVA había denunciado irregularidades en 50 clínicas, incluidas las del grupo Ginemedex-TCB de Barcelona de Morín, pero también Dator, El Bosque, Isadora y Callao en Madrid; además de clínicas abortistas como Euskalduna de Bilbao, Gelme de Vigo, Clínica Sevilla de Cádiz, etc.

Manuel Aguilar asegura que no se atendió la queja porque se trataba de casos sometidos a juicio, en los que está prohibido por ley que se inmiscuya el Defensor del Pueblo, o bien de empresas privadas a las que este magistrado no puede investigar, aunque presten un servicio público, como pueden ser los transportes o la distribución de energía.

AVA, citando la web del propio Defensor del Pueblo, asegura en cambio que éste "puede intervenir ante quienes actúen como agentes o colaboradores de cualquiera de estas Administraciones en el cumplimiento o realización de fines o servicios públicos".