Enrique Múgica, que no ingresó en el PSOE (procedente del PCE) hasta 1971, difícilmente concibe algo mejor que el Estado encargándose de todos los servicios. Otra cosa es si sirve de algo llamar servicio al aborto, que no se rige por leyes de oferta y demanda: es más bien un pozo al que se ven arrojadas las mujeres sin apoyo. Que, en lugar de una industria que en 2006 movió 52 millones de euros, les espere allí un funcionario, no cambia la esencia.
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