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Los objetores de Educación para la Ciudadanía amenazan con denunciar a Castilla y León

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La región cuenta con cerca de 700 solicitudes de objeción de conciencia contra la polémica asignatura impuestapor el Gobierno.

La sentencia del TSJA animó a más padres a emprender acciones legales contra la polémica...

Eva Cárdaba

Valladolid. Los padres objetores contra Educación para la Ciudadanía de Castilla y León amenazan con acudir a los tribunales si el Gobierno regional no reconoce su derecho. Solicitan el mismo trato que sus homólogos han recibido en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, donde los padres que han querido ejercer libremente la objeción de conciencia sobre la asignatura han sido amparados por la administración autonómica. La Junta castellanoleonesa, por el momento, no aclara si lo hará o no. Fuentes del Ejecutivo regional consultadas aseguran que no quiere precipitarse, ya que aún están en el aire diversas resoluciones judiciales. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tan sólo se limita a decir que estudiará el tema con profundidad.

    De momento, esta región envió al Ministerio de Educación y Ciencia los contenidos que incluiría en la parte que puede diseñar cada comunidad y el Gobierno central ha recurrido las citadas propuestas por entender que podrían ir contra “aspectos del real decreto de enseñanzas mínimas”, es decir contra parte del contenido obligatorio. La Consejería ha anunciado que diseñará tras Semana Santa los calendarios, profesorado y todo lo que haga falta para que los estudiantes de Secundaria y primero de Bachillerato cursen a partir de septiembre la asignatura con sus propuestas, al menos hasta que un juez diga lo contrario. Estos contenidos podrían restar objeciones ya que, al contrario que en Andalucía, no acentúan el carácter ideológico.

    El consejero del área, Juan José Mateos, matiza que la posición de la Junta es que “hubiera sido más razonable y prudente que la asignatura fuera optativa, pero hay que respetar la ley incluso cuando el Gobierno central no consensuó con la comunidad educativa esta idea, ni con talante, ni con talento”. Insiste en que este Ejecutivo no busca enfrentamiento ni confrontación y que se toma muy en serio la Educación. Hasta el momento, los objetores de Educación para la Ciudadanía rondan los 700 en la región, una cifra que podría oscilar, ya que la propia Administración regional reconoce que los padres objetan a través de distintas organizaciones y no sólo en la Consejería de Educación. El número se ha duplicado en la ultima semana, momento en el que se dio a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía que aceptó que un alumno ni fuera a las clases ni se le evaluara por petición de sus padres. La familia denunciante, según declaró a LA GACETA el pasado 13 de marzo, optó por “ver cómo esta comunidad acentuaba el carácter ideológico de la asignatura”. Y es justamente esto, que sus hijos no sean penalizados por no acudir a la asignatura, lo que buscan los objetores de Castilla y León, que cada vez pierden más el miedo a salir a la calle y decir que no quieren que sus hijos cursen este temario.

    Aunque no hay una asociación regional que los aglutine, sí que están en contacto. Desde Soria Educa en Libertad consiguieron que les recibiera el propio consejero. Aunque no han logrado aunar posturas, no pierden la esperanza. Tiene tres meses para aceptar o denegar estas objeciones.