HACE 196 AÑOS. Argüelles, Muñoz Torrero y Pérez de Castro redactaron el articulado.
Fernando VII. |
Juan de Meer
Todas las autoridades del Estado desaparecieron, la nueva legalidad no fue aceptada por extranjera e impuesta. Los Bonaparte no comprendían que los nuevos súbditos no aceptaran la modernidad que portaban, como habían hecho otros pueblos europeos.
Las formas de organización política emanadas de la voluntad popular se autoproclamaron legítimo Gobierno de la nación en armas y se aliaron con Inglaterra (hasta el momento su enemigo) para enfrentarse al invasor (su antiguo aliado). Para su coordinación se erige una Junta Central.
La Junta Central se ocupa primordialmente de la guerra, pero como todo órgano de gobierno inicia una recopilación legislativa con el objeto de asegurar sus competencias y también consulta sobre las reformas más perentorias y necesarias. Un liberal, Calvo de Rozas, planteó la necesidad de convocar Cortes con el objeto de legitimar la acción de gobierno. En Mayo de 1809 se acordó la convocatoria con la intención de proceder a las reformas legislativas que se estimaran.
La invasión de Andalucía por el general Soult dificultó la llegada de los diputados electos. La nueva Regencia se encontró con que sólo podía reunir una cámara y carecía de legitimidad para controlar sus decisiones.
En la isla de León, en septiembre de 1810, se abrieron las sesiones de unas Cortes distintas de las tradicionales, que de forma inmediata se declararon soberanas. Los ejércitos enemigos cercaban la ciudad.
En noviembre, la comisión de constitución inició sus trabajos con la documentación aportada por la fenecida Junta Central. En diciembre, bajo el bombardeo, se impuso en el Pleno la importancia de redactar un proyecto de constitución, iniciándose los trabajos en marzo de 1811. Sobre la base de un proyecto previo, Argüelles, Muñoz Torrero y Pérez de Castro construyeron y redactaron el grueso del articulado.
Una vez retirados los franceses, se iniciaron los debates en el Pleno, con controversias entre los realistas y los liberales. Los absolutistas recelaban del carácter liberal del texto salido de la comisión y, careciendo de mayoría, intentaron retrasar la aprobación lo máximo posible. El texto, con escasas modificaciones, fue aprobado y a finales de enero de 1812 concluyeron los trabajos.
La Regencia aceptó el texto y, de consuno con las Cortes, eligieron el 19 de marzo como fecha de promulgación. Se escogió esta fecha por coincidir con el Motín de Aranjuez, que elevó al trono a Fernando VII. El monarca que pensaban aceptaría el papel de rey constitucional, por entonces se encontraba retenido en Francia, desesperado y absolutamente ajeno a las actividades militares y políticas que se desarrollaban en la península.
Tras su regreso a España, el 4 de mayo de 1814, restablecía la Monarquía absoluta, y declaraba nula y sin efecto toda la obra de las Cortes de Cádiz.
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