España es el paraíso europeo del aborto por la ausencia de control sobre las clínicas privadas. La moción de IU sobre una ley de plazos fue rechazada por el Congreso por 277 votos en contra y 21 a favor.
|
|
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. |
Rafael Cobo
Madrid. El pasado jueves publicamos en LA GACETA la foto de un feto de seis meses encontrado en la basura de la Clínica Isadora. Seis meses. Era la imagen rotunda del horror. Ese bebé habría nacido en mayo de este año.
Pretendíamos poner rostro al desprecio a la vida humana de los más débiles extendido en las clínicas de abortos. La primera red de prácticas abortistas ilegales fue destapada en Barcelona el pasado 26 de noviembre cuando fueron detenidas seis personas, entre ellas el doctor Morín y su esposa, María Luisa D.S., y otros cuatro trabajadores por los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo.
Menos de tres semanas después de la detención del doctor aborto en Barcelona —que continúa en prisión— los lobbies por el aborto libre han conseguido la respuesta que buscaban en el Gobierno del Partido Socialista.
Para estos grupos, la cara del horror de nuestra portada del jueves ha pasado inadvertida. Su respuesta a la constatación de la ilegalidad continuada ha sido pedir una ley más flexible, la ley de plazos. Esto significa legalizar el aborto libre hasta un plazo de gestación determinado. O lo que es lo mismo, institucionalizar el silencio en torno al problema del aborto.
La propuesta del PSOE —impulsada por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero— sobre la posible modificación de la ley del aborto aboga por abordar “con el máximo consenso” aquellas reformas legales “que sean pertinentes para mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Así define su postura el grupo parlamentario socialista a través de una enmienda a la moción de IU-ICV que ayer debatió el pleno del Congreso sobre la modificación de la ley.
La enmienda pedía abrir un diálogo entre “fuerzas políticas y sociales” con el objeto de “garantizar l derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad, en el marco de la Constitución y con las debidas garantías legales, sociales y sanitarias”. El Congreso de los Diputados rechazó la enmienda de IU por 21 votos a favor, 277 en contra y 10 abstenciones.
¿Qué dice la Constitución?
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, recordó ayer que “el Estado está obligado a establecer un sistema legal que suponga una efectiva protección del embrión, incluyendo normas penales”, por lo que “el aborto libre durante un determinado plazo sería inconstitucional” en España, ya que “el Tribunal Constitucional estableció en su sentencia 53/85 de 11 abril que la vida humana desde el momento de la concepción constituye un valor protegido por el artículo 15 de la Constitución Española”.
Blanco recordó que “el Tribunal Constitucional en esa sentencia sólo admitió que se pudiese despenalizar el aborto cuando se acreditase la existencia de un grave conflicto entre la vida humana del no nacido y otros bienes o valores de igual rango constitucional. Blanco añadió que “si el Partido Socialista quiere establecer en España el aborto libre debe ir a una reforma constitucional y someterlo a referéndum del pueblo español”.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó que no cree que haya que hacer ninguna modificación sobre la actual Ley del Aborto ya que, dijo, “hay un consenso social en mantener la regulación que existe en este momento y lo que hay que hacer es aplicar la ley. El diputado del PP Jorge Fernández Díaz añadió que en España se practican abortos en madres que están “en el sexto, sétimo y octavo mes” de embarazo, lo que, a su juicio, es una “infanticidio”.
Por su parte, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, señaló que “no cabe abrir ningún tipo de debate sobre la ley del aborto” porque lo único que se está discutiendo es la eventual vulneración de la misma.
Últimas detenciones
En Madrid la semana pasada fueron clausuradas otras dos clínicas por la Consejería de Salud, CB Medical (del grupo de Morín) y la Clínica Mayrit. En ellas también se encontraron certificados psiquiátricos en blanco listos para consumar abortos ilegales.
El tercer supuesto, el de riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, sin plazo límite, amparó en 2005 el 97% de los 92.000 abortos registrados. Las investigaciones de la Guardia Civil han puesto en manos de los juzgados numerosos casos en los que se demostraba que los psiquiatras a sueldo de las clínicas de abortos firmaban sin ni siquiera ver a las pacientes. Un video oculto grabado en la Clínica El Bosque, colgado en Internet por Intereconomía la pasada semana, dejaba claro que allí se abortaba sin ningún límite. “Siempre que la mujer lo pida”, aseguraba una de las médicos del centro.
A estas prácticas hay que sumar las detectadas desde el pasado mes de febrero por la Guardia Civil en las Clínicas Dátor e Isadora de Madrid. De manera habitual se ahorraban el coste de la incineración —obligatoria por ley— de los fetos y los tiraban a la basura. En sus con
tenedores encontró el Seprona de la Guardia Civil restos de hasta 100 fetos.
El debate está abierto, pero todo indica que se cerrará tras las eleccionesde marzo.
Tres cifras clave del aborto en España
-El 97% alega peligro para la salud de la madre (primer supuesto).
-El 94% se consuma cuando el feto tiene menos de 16 semanas.
-El 97% se realiza en clínicas privadas.
El primer dato implica que si se exigiera certificar un auténtico riesgo, disminuiría notablemente el número de abortos. El segundo, por el contrario, que si se legalizara sin condiciones el aborto en fetos menores de cuatro meses, desaparecería por completo el control (nunca ejercido hasta el mes pasado). El tercero indica quién dejaría de ganar (si hubiera control) o seguiría ganando dinero (si no lo hubiera): los centros abortistas privados.
Lo que ha dicho la oposición
Mariano Rajoy.- Presidente Partido Popular
“Hay que aplicar la ley, es absolutamente disparatado modificarla”
Josep A. Duran i Lleida Portavoz CiU en el Congreso
“No cabe debate sobre la ley del aborto, todo el que lo desea está abortando”
Joan Herrera Portavoz IU-Los Verdes
“La ley se vulnera porque no tiene sentido. Una ley de plazos es un texto de mínimos”
Benigno Blanco Presidente Foro de la Familia
“La vida desde la concepción es un valor protegido por el artículo 15 de la Constitución”
La Fundación Vida afirma que tanto Zapatero como Rajoy son "abortistas"
Santiago Mata
¿Cambiar la ley o cumplirla?
Detrás de la detención de Morín y compañía está el Gobierno. Y detrás de la “reflexión” sobre posibles cambios en la ley del aborto, también. Una ducha escocesa para los movimientos pro vida, a los que no cae simpático el partido que introdujo la ley del aborto hace más de 21 años, pero tampoco el principal partido de la oposición, que no hizo nada para disminuir el número de abortos en los ocho años en que gobernó. “Parecía imposible, hay cosas que sólo puede hacer el PSOE, el Gobierno hace bien y hay que felicitarle”, decía ayer el presidente de una asociación de médicos, que comparte con el embajador de España en el Vaticano, Francisco Vázquez, la inquietud por el aumento de los abortos en España.
Todo indica que fue éste quien exigió a María Teresa Fernández de la Vega que diera luz verde a la investigación en curso sobre los abortos ilegales.
Quizá la perplejidad de los pro vida sería menor si supieran distinguir este objetivo de los del Gobierno: éste quiere dos cosas que sólo tangencialmente tienen que ver con disminuir el número de abortos. La primera es acabar con la vergüenza internacional de que en España se puedan realizar abortos que en otros países son ilegales, por ejemplo más allá de las 24 semanas. Para esto bastaría con hacer cumplir la ley española, pues aunque no incluye límite de tiempo en el caso de peligro para la salud de la madre, los peligros reales son tan escasos que, de existir, no hay legislador que los incluya en el delito de aborto. El segundo pájaro que Fernández de la Vega quiso matar con la persecución del aborto ilegal es ganarse el voto católico.
Entre los motivos del Gobierno no se cuenta disminuir los abortos. De hecho, una ley de plazos satisfaría a sus bases radicales: el aborto pasaría a ser un derecho, y seguiría aumentando su número. Sin pasar del tercer o cuarto mes. Lo que Zapatero llama reflexión (casi impensable en España) es en realidad un test: si la protesta pro vida es fuerte, ni hablar de ley de plazos.
Quienes somos | Contacte con nosotros | Aviso legal | Publicidad | Mapa
© Grupo Negocios Sepúlveda 7b - 28108 Alcobendas-Madrid. España - Tel: 91 432 76 00 - Fax: 91 432 77 65
