Es sonrojante que estén mejor pagados otros servidores públicos dentro de nuestras Administraciones.
A Fernández Bermejo le crecieron los problemas al final. Severamente indispuesto por el arreglo del “pisito”, se le plantaron no sólo los jueces, sino también los funcionarios de la Administración de Justicia con reclamaciones económicas. Los segundos, en búsqueda de la equiparación retributiva con sus compañeros adscritos a los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA con competencias sobre los medios personales y materiales de la Administración de Justicia. En su prolongada huelga, han recibido una oferta que prevé subidas parciales en varios años hasta alcanzar la equiparación.
Los jueces y magistrados se han sentido burlados por el ministerio que les ha expropiado una parte del incremento mensual de su nómina, al no computar separadamente el que venía obligado por la ley de incremento de las pagas extraordinarias. Pura y simplemente, Justicia se ha comido parte de lo que legalmente les correspondía. Aunque se han manejado diversas soluciones en las encendidas Juntas de Jueces celebradas en las últimas semanas, desde el principio descartaron la huelga que, por lo demás, entendemos constitucionalmente impedida para quienes ejercen uno de los poderes del Estado. La ausencia de la mínima sensibilidad gubernamental hacia las pretensiones económicas de los magistrados resulta incomprensible. Su estatuto jurídico de independencia se traduce en la absoluta incompatibilidad para el desarrollo de cualquier otra actividad, más allá de la docencia, y limitadamente. Sin embargo, los sueldos no son acordes con esa dedicación plena y exclusiva. Su retribución, en fin, ha quedado obsoleta y no guarda el mínimo equilibrio con la trascendental misión que han de cumplir con el Estado de Derecho: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como determina el artículo 117 de la Constitución.
El convencional y archirrepetido discurso de que hacen falta más jueces debe ser, si no sustituido, sí completado por el de que es imprescindible, para una Justicia eficaz y de calidad, jueces sólidamente formados y retribuidos conforme a su nivel de preparación y de dedicación exclusiva. Hasta la fecha sólo hemos conocido una política de parches y tiritas. Es cierto que a los magistrados del Tribunal Supremo se les asimiló a los del Tribunal Constitucional, pero el resto de la carrera judicial, los otros 4.300, no han recibido sino migajas. Es sonrojante que estén mejor pagados otros servidores públicos dentro de nuestras Administraciones, y lo es aún más que lo estén los jueces iberoamericanos, por no mencionar a los europeos.
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