Las leyes exigen un mayor trabajo judicial, pero faltan más medios humanos.
Salvador Bernal
TRAS la constitución de las Cortes, el Estado debe enfrentarse con problemas quizá aparcados durante el proceso electoral, como la administración de Justicia. A lo largo de los últimos años, el incremento de personas y medios ha sido proporcionalmente inferior al aumento de la población y, sobre todo, de la conflictividad jurídica. Por eso, no se reduce la pendencia de asuntos, es decir, las causas sin sentencia. Ante los más de dos millones de casos pendientes al comenzar el año, nuestros dirigentes deberían recapacitar: no es un tópico manido seguir insistiendo en la necesidad de abordar a fondo el problema, también económico, de los jueces. No se trata sólo de eficacia: está en juego la ética ciudadana. No todo lo moral debe incorporarse al ordenamiento jurídico. Pero la falta de una justicia ágil es causa indirecta de muchas corrupciones. Las dilaciones procesales son más beneficiosas para quienes se saltan las reglas del juego, buscando impunidad.
Apenas se habló del problema en la campaña electoral. Tampoco recibe especial realce en el programa del partido ganador, que recoge como medidas deseos e intenciones, que recuerdan la Constitución de Cádiz, cuyo cumpleaños acabamos de celebrar.
La vida democrática depende de la magistratura. En frase feliz de un jurista francés, Antoine Garapon, los jueces son los guardianes de la promesa: los ciudadanos acuden a ellos cuando advierten el incumplimiento del derecho, del que se sienten soberanos, porque las leyes han sido elaboradas por sus legítimos representantes en los parlamentos.
Para esto, resulta ineludible la independencia del Poder Judicial, tantas veces asediado por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por desgracia, se ha cumplido el temor del Tribunal Constitucional cuando convalidó la reforma del Consejo General aprobada en el año 1985 con mayoría absoluta del Partido Socialista.
El Partido Popular pactó años después un tímido cambio, que se ha demostrado poco eficiente. Quizá ninguno de los dos grandes partidos apuesta a fondo por Montesquieu, aunque recae en Alfonso Guerra el mérito de haber declarado palmariamente su acta de defunción. Buena señal enviarían cambios serios en Noviciado y Castellana.
Sobre todo, hacen falta más jueces, con una formación que no se improvisa. Su calidad es alta, pero, como señalaba una encuesta elaborada por el propio Consejo General del Poder Judicial, siete de cada diez jueces trabajan demasiado.
Además, las oficinas judiciales necesitan más recursos, que sucesivos gobiernos han escatimado quizá por la cuenta que les trae. Ahora son aún más necesarios tras la sentencia del Constitucional sobre la prescripción. Porque se han promulgado leyes que exigen un mayor trabajo judicial, sin una dotación de medios humanos y materiales en consonancia. Recuerda aquel summum ius, summa iniuria descrito por Cicerón.
Salvador Bernal es periodista
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