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El TC, en manos del PP

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Puede bloquear su renovación. Si retrasa el cambio en el Consitucional, logrará que sea una mayoría conservadora la que enjuicie el Estatut.

David F. Grande

Una de las prioridades del Tribunal Constitucional es dictar pronto sentencia sobre la reforma del Estatut. Persigue, entre otros objetivos, rebatir las acusaciones de parálisis que ha recibido desde distintos sectores. Especialmente desde el PP, donde no ha sentado nada bien que no haya habido sentencia sobre la reforma estatutaria catalana antes de las elecciones generales. Sin embargo, la coincidencia en el tiempo de esta resolución y de la renovación de cuatro de sus magistrados deja en el aire la composición del tribunal que juzgará la reforma del Estatut.

O lo que es lo mismo, el solapamiento de estos dos asuntos abre la puerta a que el PP intente bloquear la renovación de estos cuatro jueces hasta que dicten sentencia sobre el Estatut, y con ello se garantizaría que sería un tribunal con mayoría conservadora el que estudie la reforma estatutaria. En este recurso, el empate entre jueces progresistas y conservadores se decantó a favor de estos últimos después de que sacasen adelante la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps.

Estos inestables equilibrios de poder entre los jueces propuestos por el PSOE y los del PP, que han emponzoñado el tribunal durante los dos últimos años, se antojan esenciales respecto a la sentencia del Estatut, en la que se decidirán cuestiones tan trascendentales del modelo de Estado como el límite de autogobierno al que pueden aspirar las comunidades autónomas.

En síntesis, el futuro judicial del Estatut depende de si los cuatro magistrados son renovados antes o después de la sentencia. De estos cuatro jueces que están en periodo de prórroga, tras haber superado en diciembre sus nueve años de mandato, tres son conservadores (entre ellos, el vicepresidente) y una progresista (la presidenta María Emilia Casas). Desde que fueran nombrados en 1998, el equilibrio de fuerzas entre los partidos del Senado ha cambiado ostensiblemente. De acuerdo con las mayorías actuales, el PP puede aspirar a uno o dos de los cuatro magistrados que nombre la Cámara Alta. Por ello, la renovación daría la mayoría a los jueces progresistas, incluso en el Estatut, pese a que a Pérez Tremps se le impidió pronunciarse sobre este asunto.

Sin embargo, el PP tiene capacidad de veto en la designación de estos cuatro magistrados. Por mandato de la Carta Magna, los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional han de ser aprobados por una mayoría cualificada de tres quintos. Por este motivo, las designaciones deben contar con la aprobación del PP. Los populares pueden paralizar, por tanto, la renovación de los cuatro magistrados hasta después de la sentencia del Estatut, esperada para comienzos de verano.

Enmienda a Casas

Antes de decidir sobre el Estatut, el tribunal debe sortear otro de los escollos que ha heredado de la anterior legislatura y uno de los que más dolores de cabeza les ha provocado: el recurso contra la reforma del Constitucional. Uno de los aspectos que fue impugnado por el PP es el blindaje en su puesto de la presidenta del Constitucional, la progresista María Emilia Casas. Tras rechazar las recusaciones del PP y aceptar después las del Gobierno, los progresistas ostentan la mayoría en el tribunal, lo que hace altamente inviable que fructifique el recurso de los populares y logren echar a Casas de su puesto.

A finales de diciembre, el Constitucional dio el visto bueno al Estatuto de Valencia, en una alambicada sentencia que fue interpretada como la antesala de otros estatutos como el catalán. Un tribunal dividido (siete votos contra cinco), admitió que los estatutos establezcan derechos subjetivos en su comunidad autónoma, siempre que no colisionen con los derechos constitucionales de todos los españoles. Aunque el texto valenciano es mucho menos problemático jurídicamente que el catalán, esta doctrina abre la puerta a una mayor laxitud interpretativa.