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El Gobierno descarta otro pacto por la Justicia

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El PSOE está negociando con el PP un programa para mejorar el sistema judicial. Deben pactar la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, así como abordar la modernización de los tribunales.

José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, acercan posturas sobre la Justicia. EFE

E. Toledo / D. F. Grande

Los primeros encuentros entre el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, y su homóloga popular, Soraya Sáenz de Santamaría, han despertado el optimismo en el Gobierno. A la vista del clima de entendimiento entre ambos, creen que pueden superar los duros enfrentamientos del pasado, y que impidieron sacar adelante importantes reformas judiciales, como el endurecimiento de los delitos del Código Penal, de la casación o de la doble instancia penal.

La incorporación a las negociaciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acrecentó la confianza en que se puedan obtener pronto resultados. Aunque, tampoco se trata de tensar la cuerda cuando surjan discrepancias, o algún asunto quede encallado. La consigna que han recibido los negociadores socialistas es que el Gobierno prefiere limitar los acuerdos con el PP que pecar de ambición, según un alto miembro del Ejecutivo.

En otras palabras, no se empeñarán en lograr otro pacto de Estado por la Justicia, como el que suscribieron formalmente en 2000. "Se trata de ir avanzando poco a poco", reconoce la citada fuente. “Todo lo que se consiga estará bien”.

De hecho, en las reuniones que comenzaron el jueves pasado, Alonso y Santamaría no sólo se está negociando la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino una completa hoja de ruta para mejorar la Administración de Justicia, muy desacreditada por los últimos errores, como en el caso Mari Luz.

Además de la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que debería haber sido realizada en noviembre de 2006, PSOE y PP también tienen que pactar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que deberían haberse producido en diciembre. Según la reciente reforma que regula el alto tribunal, los parlamentos autonómicos deberán presentar sus candidatos a estos puestos, entre los que el Senado elegirá a los cuatro jueces. El PP recurrió esta reforma ante el Constitucional y, hace algo más de una semana, éste ratificó la participación de las autonomías en los nombramientos. Ahora, una vez que las comunidades presenten sus candidatos, PSOE y PP deben acordar los cuatro elegidos. Esta renovación perjudicará a los populares, que verán cómo el actual empate entre conservadores y progresistas se decanta a favor de estos últimos.

A pesar de los acercamientos entre los dos grandes partidos, siguen existiendo numerosos puntos de discrepancia entre ellos. Por ejemplo, la renovación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, despertó ampollas en las filas populares. Además, gran parte de las propuestas, respecto a la Justicia, incluidas en el programa electoral de los socialistas chocan frontalmente con las de los populares. Es el caso, por ejemplo, de la creación de los consejos autonómicos de Justicia, uno de los caballos de batalla entre los dos partidos durante la pasada legislatura.

Otro 'macrojuicio', contra Gestoras
   
     La Audiencia Nacional comenzará hoy a celebrar el macrojuicio contra 27 dirigentes de la organización ilegal de apoyo a presos de ETA Gestoras Pro Amnistía y contra su sucesora, Askatasuna. El fiscal pide para ellos 10 años de prisión por integración en organización terrorista. Entre los acusados se encuentran Juan María Olano, Julen Celarain y Aitor Angel Jugo, el abogado Txema Matanzas o la miembro de la Mesa Nacional de Batasuna María Teresa Díaz de Heredia, informa Ep.

    Además acudirán como testigos el obispo emérito de San Sebastián, José María Setién; el alcalde donostiarra, Odón Elorza (PSE-PSOE) o el presidente del PNV de Gipúzcoa, Joseba Egibar. También acudirán, entre otros, el comisionado especial de la ONU contra la Tortura, Theo Van Boven, y personas del deporte y la cultura vascas. Según la Fiscalía, Gestoras Pro Amnistía se dedicaba a apoyar y controlar a presos de ETA, señalar como objetivos a los supuestos responsables de su situación, captar nuevos miembros y recopilar datos de los sumarios judiciales que pudieran servir a la banda.