Columna de
ISánchez Cámara
La historia no es la memoria. La memoria es personal; la historia, objeto de estudio de los historiadores
Una Ley de Memoria Histórica es, en sí misma e independientemente de su contenido concreto, un error. No hay derechos colectivos, como no hay culpas colectivas, y por las mismas razones. La historia no es la memoria. La memoria es personal; la historia, objeto de estudio de los historiadores. No se encuentra entre las misiones legítimas del Estado definir lo que es ni establecer lo que sucedió. Se empieza por forjar un Estado educador y se termina por crear el monstruo de un Estado científico.
Si el objeto principal de la nueva ley, que ya se ha abierto camino en la Comisión Constitucional (nada menos) del Congreso, fuera aumentar las reparaciones de los damnificados del bando republicano en la Guerra Civil (reparaciones que, en un grado muy generoso, ya fueron realizadas por los gobiernos de la UCD y del PSOE), poco habría que objetar. El problema es que no es ése su objetivo. Tampoco es lo esencial, con ser muy importante, la imposición, por ley, de una determinada interpretación de los hechos históricos de nuestro pasado reciente. Ningún Parlamento ni ninguna mayoría parlamentaria tienen potestad para decidir lo que pasó, interpretar los hechos y condenar o absolver a ideologías, partidos, grupos o individuos. Esto es sencillamente ridículo, aunque se atuvieran a la verdad y a la razón. Es un asunto de competencias. Los parlamentos son tan competentes en materia histórica como lo son en química o en teología. Pero además se da el caso de que la visión del pasado que exhibe el proyecto de ley es falsa, ideológica, partidista, revanchista, genera división en el seno de la sociedad, reaviva heridas cicatrizadas y rompe el espíritu de concordia de la Transición. Se trata de aplicar lo que podríamos llamar el modelo nazi. Según esto, no habría habido un conflicto terrible y mortal entre dos sectores de españoles que no acertaron a convivir en paz, sino una insostenible historia de buenos y malos, demócratas y fascistas, izquierdistas y derechistas. Una de las causas de la tragedia es que en ambos bandos se impusieron los más radicales, como suele suceder en las crisis históricas. Pero si se define a un bando por su sector más radical, hay que hacer lo mismo con el otro. O dos Españas en lucha o un conflicto entre fascistas y comunistas. Pero lo que atenta contra la verdad y la razón es interpretar nuestra tragedia incivil como un conflicto entre demócratas (naturalmente, de izquierdas) y fascistas (por supuesto, de derechas).
La ley será (ya lo es) un perdurable error político del actual Gobierno, con independencia de sus consecuencias electorales. Y no es un error marginal o aislado, sino parte de un proyecto político nocivo que incluye la alianza con los nacionalismos más radicales, la negociación con ETA, la marginación del PP, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y, quizá sobre todo, el proyecto de naturaleza totalitaria consistente en transformar la sociedad desde el Estado. Aquí se encuentra la clave. La transición se basaba no en el olvido sino en la reconciliación. Y la reconciliación requiere cierta equidistancia. La misma que ahora se ufana Llamazares en haber contribuido a romper. En el franquismo se hablaba de buenos y malos españoles. La transición habló simplemente de españoles. Ahora, el Gobierno vuelve a hablar, como Franco, de buenos y malos españoles. La prueba está en la asimetría de la ley. Se proscriben los símbolos y los recuerdos de unos, mientras que se conservan y ensalzan los de los otros. El Gobierno parece empeñado en confirmar el dictamen de Groucho Marx: los políticos son expertos en crear problemas donde no los había, para darles a continuación una solución equivocada.
Creo que al Gobierno le importa poco el pasado. Es sólo un pretexto.
Si sólo se tratara de reescribir a su antojo la historia, estaríamos ante un acto ridículo y risible. De lo que se trata verdaderamente, si no me equivoco, es de manipular el futuro, de transformar la sociedad española al dictado de una ideología sectaria y radical, de determinar no lo que pasó, sino lo que ha de suceder. Una actitud que rompe con los principios de la democracia liberal. No es extraño entonces que se aseste un golpe de gracia a la Transición y se reivindique la continuidad con la II República (por cierto, ¿con cuál? ¿con el primer gobierno de centroizquierda? ¿con la coalición de centroderecha? ¿con el Frente Popular? ¿con la revolución antidemocrática y el golpe de 1934? ¿con la dictadura comunista presidida por Negrín y combatida, entre otros, por Besteiro? ¿con el Azaña sectario y radical o con el de la última hora del “paz, piedad perdón”? ¿con la del proyecto liberal y regenerador o con la de la persecución religiosa?). No; no es competencia del Estado modelar la opinión pública a su antojo, ni imponer lo que hay que pensar, sino, por el contrario, gobernar de acuerdo con ella, sirviéndola. Esto es lo propio de las democracias. Aquéllo, de los regímenes totalitarios. Hay algo peor que manipular el pasado: manipular el futuro.
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