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Mantienen la imputación a los españoles que destaparon el caso Odyssey

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La Guardia Civil afirma que uno de ellos logró que la compañía cazatesoros "dejara de realizar sus trabajos"

Imagen de archivo del Odyssey

Santiago Mata
Madrid. El armador Luis Ángel Valero y el naufragólogo Claudio Bonifacio merecerían, aparentemente, ser condecorados por su oposición a las actividades de Odyssey en España. La realidad es la contraria: se encuentran imputados en un caso que no ha llegado a los tribunales, el Bahía II, que tiene todos los visos de haber sido orquestado, en 2006, para atacar a quienes, en enero de ese año, consiguieron que se dictara orden de detención contra el capitán del Odyssey Explorer. Los funcionarios imputados han ido saliendo del caso, pero Valero y Bonifacio siguen dentro, y el primero tiene que personarse en un juzgado cada 15 días.

Por lo que hace al citado armador, el resumen del sumario elaborado por la Guardia Civil afirma que "utiliza la relación que mantiene" con el subdirector general de Patrimonio del Ministerio de Cultura "para conseguir que el Odyssey deje de realizar sus trabajos en la búsqueda de la embarcación Sussex, consiguiendo su objetivo por el momento ya que Odyssey no tiene el permiso necesario expedido por la Junta de Andalucía, pero sí tiene un permiso expedido por el Ministerio de Exteriores (careciendo de validez)".

Víctimas de Odyssey
Valero asegura haber colaborado tempranamente con el Ministerio de Cultura poniendo pegas a la actividades de Odyssey. En 2003, llegó a registrar una posición de hallazgo del HMS Sussex, el barco cuya búsqueda había concertado Odyssey un año antes con el Ministerio de Defensa británico. Después montó una empresa, TUPET, para la recuperación de pecios y otros barcos hundidos. El barco norteamericano (pero con bandera de San Vicente y Granadinas) que contrató, Louisa, resultó no ser de fiar, ya que, tras hacer una exploración, no quiso entregar los disquetes de sus grabaciones subacuáticas en la bahía de Cádiz. Una vez caducados los permisos que había gestionado en Medio Ambiente para el barco, Valero denunció las actividades irregulares del Louisa y la embarcación fue registrada por la Guardia Civil el 1 de febrero de 2006. La directora del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, Carmen García Rivera, reconoció que la operación había sido posible "gracias a la colaboración ciudadana de Luis Ángel Valero".

Pero lo que Valero no sospechaba es que la operación Bahía pudiera no ser sólo una defensa del patrimonio sino una venganza por la detención del Odyssey Explorer, orquestada por los amigos que los cazatesoros norteamericanos tenían en la Administración española. El 4 de abril de 2006, la Guardia Civil registró el domicilio de Valero, donde no encontró ninguno de los "efectos procedentes de expolios arqueológicos subacuáticos", fin "exclusivo" para el que el juez Luis de Diego Alegre, del juzgado de instrucción 4 de Cádiz, dictó la orden.

Como su amigo Bonifacio, Valero pasó a ser imputado en el caso Bahía II. El caso no llega a juicio, ha pasado ya por tres fiscales distintos y el juez nunca se ha puesto al teléfono cuando los abogados de Valero llaman para preguntar por qué tiene que seguir yendo a firmar cada 15 días.