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Uno de cada 13 españoles forma parte de alguna asociación de usuarios

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Apolíticas y profesionales, prestan un servicio eficaz desde hace tres décadas.

Cartel de una asociación anti móvil. Efe

Santiago Mata

Madrid. Si no funciona un electrodoméstico que acaba de comprar, su primera reacción será desahogarse con el empleado de la tienda. Pero si quiere soluciones, debe acudir a una asociación de defensa del consumidor. Casi tres millones de socios —o uno de cada trece de los 37 millones de adultos que viven en España— avalan su eficacia: por entre 30 y 40 euros al año, le sacan adelante una negociación o un pleito.

Quienes trabajan en estas asociaciones aseguran que una particular sensibilidad del legislador y las desgracias iniciales (aceite de colza desnaturalizado) cuando el libre mercado comenzó su andadura en España han sensibilizado a nuestra sociedad, que tiene las asociaciones de consumidores más numerosas y eficaces de Europa, seguida por países de nuestro entorno cultural, como Portugal, Italia o Grecia.

Para María Rodríguez, presidenta de Cecu, mientras al europeo central le cuesta pedir ayuda contra un Estado o empresa al que tiende a presuponer como justos, en el Mediterráneo es más frecuente la solidaridad ciudadana... y también la desconfianza frente a instituciones o empresas.

Consejo y subvenciones
España se incorporó al libre mercado antes que al mundo democrático, y en el tímido asociacionismo de la época franquista surgieron las primeras asociaciones de consumidores: en concreto las de amas de casa que con el tiempo darían lugar a Ceaccu, la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, pero también a la Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar (Unae): ambas forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, organismo presidido por Francisca Sauquillo en el Ministerio de Sanidad y Consumo, que integra a otras ocho federaciones o confederaciones: la de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae); la General de Consumidores (Asgeco), la de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu), la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci), la Confederación de Cooperativas (Hispacoop), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCO) y la Unión de Consumidores de España (UCE).

Nombres muy parecidos con una diversidad que se explica por razones de agrupación territorial a lo largo del tiempo, o por la especialización sectorial. Salvo la OCU, las asociaciones del Consejo son también las destinatarias de la mayor parte de las escasas subvenciones (en 2007 se superaron por primera vez los tres millones de euros: 3,6, una fuerte subida respecto a los 2,1 de 2006), a las que también se acojen proyectos de dos que no forman parte del Consejo: la andaluza Facua y la sanitaria Asusalud.

La implicación de los usuarios es desigual y las asociaciones más críticas, como Facua, aseguran que las cifras están infladas, ya que si realmente hubiera tres millones de socios, el consumerismo sería un movimiento de fuerza comparable a los sindicatos. La realidad es, sin embargo, que este movimiento se ha mantenido al margen de la política (por voluntad propia y porque los partidos no han tratado de controlarlo).

Las asociaciones de usuarios saltaron a la palestra en primavera de 1981, para defender a los 20.000 afectados por el  aceite de colza desnaturalizado. De ahí hasta el escándalo Afinsa-Fórum, que ha afectado a 450.000 personas, el consumerismo ha decubierto que más allá de la denuncia y el boicot, su útil clave ha sido el arbitraje de consumo, inagurado en 1986 pero que no se reguló hasta un decreto de 1993: en 2001 hubo 34.000 solicitudes de arbitraje.

En 2003 fueron 58.000, y un tercio se referían a las telecomunicaciones. Hoy este sector ocupa entre la mitad y tres cuartas partes de las consultas, demandas y arbitrajes.