En sentido estricto, las leyes no deberían utilizarse para cambiar los hábitos, salvo que con eso se evitarán males jurídicos, es decir, intersubjetivos. Las razones apuntan en primer lugar a la libertad pero también a la ineficacia de los propósitos perfeccionistas con la legislación. En ese sentido, los efectos de la normativa antitabaco han sido los esperados por los escépticos, alejándose de las “buenas intenciones” de los moralistas. Con una legislación especialmente rigurosa no se ha conseguido que un número significativo de los fumadores dejen el hábito, lo que era al parecer el principal objetivo de las autoridades sanitarias.
Jurídicamente, la relevancia de la ley está en la protección a los fumadores pasivos en los lugares públicos. En este punto sí parece que la legislación rigurosa ha alcanzado algunos de sus fines, especialmente en los centros de trabajo. Otra cosa sucede en los centros públicos de ocio, donde los resultados son más decepcionantes. El coste de lo alcanzado debe evaluarse en la situación de los fumadores, agrupados en las puertas de los centros de trabajo y en las perdidas de minutos de trabajo, por las “fumadas”. Queda por evaluar la incidencia en la disminución de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco. En este punto, las estadísticas no son muy explícitas aunque es el quid de la cuestión para justificar la actual e intensa campaña en los países occidentales.
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