La manifestación que se va a celebrar en Madrid en apoyo a las víctimas del terrorismo, agrupadas en torno a la AVT, supone un nuevo contratiempo para el Gobierno, en un momento en el que, con las elecciones a la vista, Zapatero desearía que el escenario nacional apareciese sin perturbaciones. Cualquier gobernante quiere a su alrededor una balsa de aceite. Pero las víctimas del terrorismo siguen ahí. Esta debería ser la primera conclusión a sacar por el Gobierno tras la manifestación, que, dada la experiencia que tiene ya la AVT en este tipo de movilizaciones, se puede anticipar que será multitudinaria y digna de ser tenida en cuenta. También se puede prever que, a diferencia de otras manifestaciones que ha habido en España, no será ni violenta ni políticamente censurable. La gente que preside Alcaraz, contra el que el Gobierno se ha querellado, acentuando su papel de víctima, tiene las ideas claras y no parece que se alinee con las tesis de Zapatero. Por eso es ejemplarmente pacífica y, pese a las insinuaciones de José Blanco, ansioso por colgarle la etiqueta de extremista, plenamente constitucional.
El argumento del Gobierno en contra de la manifestación es que, como ya no se dialoga con ETA, no hay motivo para la queja. Pero la AVT y el PP, que, aunque Rajoy no acuda a la marcha, tendrá una representación nutrida en ella y ha dicho, por boca de su secretario general, que apoyarla es una obligación moral, no lo creen así. ETA sigue en las instituciones vascas, y el Gobierno se niega a revocar el permiso que obtuvo de las Cortes para esa posible negociación, sobre la que, incluso ahora, existen todo tipo de sospechas.
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