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No les gusta la democracia

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Quieren que consista en que, ganadas las elecciones, el Gobierno pueda hacer lo que le dé la gana.

La organización democrática de la convivencia tiene por objeto asegurar en lo posible la libertad de las personas para organizar sus vidas según sus preferencias, facilitar la constitución de gobiernos acordes con el deseo de la mayoría de la población y que la sustitución de unos gobernantes por otros se produzca pacíficamente. Eso requiere que las reglas de este juego establezcan un mecanismo eficaz de controles del poder político. En las dictaduras el gobernante siempre es bueno y los gobernados son sospechosos. En las democracias ocurre lo contrario: los sospechosos son los gobernantes, y por eso se ha dicho, con mucha verdad, que mientras la dictadura es el control de la sociedad por el poder, la democracia es exactamente lo contrario: el control del poder por la sociedad.Da un poco de vergüenza tener que recordar estos rudimentos, pero me temo que es necesario en esta hora, porque llevamos ya un cuarto de siglo de intentos de distintos gobiernos de neutralizar el sistema de controles políticos y sociales del poder. La cosa empezó casi nada más tomar posesión el primer gobierno de Felipe González, que se incautó por decreto-ley, en febrero de 1983, de todas las empresas del grupo Rumasa. La violación de la Constitución era tan escandalosa que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró aquello conforme a la Constitución fue un hachazo al prestigio del TC del que aún no se ha repuesto. Desde entonces acá, las maniobras de los gobiernos socialistas para escapar de los controles de su acción no han cesado hasta hoy. Algunos ejemplos: muy pronto se derogó la figura del recurso previo de inconstitucionalidad, lo que, en la práctica, ha supuesto la posibilidad cierta de que el Gobierno saque adelante leyes que produzcan efectos irreversibles, y otorga además un margen de maniobra muy amplio a los poderosos para presionar a los magistrados que han de dictar sentencia.En 1985, la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante el establecimiento de la designación parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asestó un golpe durísimo al sistema de gobierno de los jueces, y singularmente a la provisión de vacantes en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. Y de nuevo el TC se hundió en el descrédito con una sentencia pusilánime y acomplejada, cuyos redactores sabían que se incumpliría de arriba abajo, como en efecto ha ocurrido.La proliferación de radios y televisiones dependientes de los gobiernos autonómicos, más el complejo de RTVE a escala nacional, ha creado una espesa telaraña de interferencias políticas en el proceso de libre formación de la opinión pública, que es un elemento esencial para la salud de una democracia merecedora de este nombre.Son sólo unos botones de muestra. Ahora, bajo Rodríguez Zapatero, los socialistas vuelven a las andadas: licencias de TV otorgadas o denegadas arbitrariamente, más degradación del CGPJ o la vergonzosa recusación de dos magistrados del TC, puesta en marcha sólo cuando el Gobierno ha visto que se desequilibraba en su contra el tribunal que ha de juzgar el Estatut y otras leyes recurridas. Lo último es la ocurrencia del ministro de Justicia para inventarse otro sistema de creación de jueces al margen del sistema de oposiciones, con unos esperpénticos cursos de la vida que abren la puerta a toda arbitrariedad sectaria.A nuestros socialistas no les gusta la democracia. Quieren que la democracia consista en que, ganadas unas elecciones, el Gobierno resultante pueda hacer lo que le dé la gana. Y así, claro, vamos mal. Muy mal.

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