El Tribunal Constitucional muestra su malestar por las críticas de Pumpido contra la sentencia de ‘los Albertos’.
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El TC envió su queja a Zapatero, y no al propio Conde-Pumpido, porque es competente para... |
David F. Grande
Madrid. Por primera vez en su historia, el Tribunal Constitucional recurrió ayer al presidente del Gobierno para defenderse de las críticas que le ha lanzado el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por la revocación de la condena a los Albertos por el caso Urbanor. La inaudita decisión del tribunal encargado de velar por la Carta Magna refleja el enorme malestar en su seno por el colosal conflicto desatado, especialmente con el Supremo, a raíz de su resolución sobre los dos empresarios, Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Fuentes jurídicas coincidieron en que, si han dirigido la carta al presidente y no al propio fiscal, es porque es competente para destituirle.
El Pleno del Constitucional remitió una carta a Rodríguez Zapatero mostrando su “rechazo” a las críticas del fiscal general, quien aseguró que discrepaba “total, radical y profundamente” de la sentencia, que entendía que tutelaba a los criminales más que a sus víctimas. La decisión del tribunal, indudablemente, azuza el fuego desatado en los pilares de la Justicia.
De hecho, fuentes fiscales mostraron ayer su descontento con la carta del Constitucional y recordaron que su sentencia es pública y susceptible de ser criticada. Más aún tratándose de “críticas respetuosas” efectuadas por el reponsable del Ministerio Público, que ha sido parte en la causa y ha defendido una postura contrapuesta a la de la sentencia. En su opinión, la maniobra del tribunal es una cortina de humo para acallar las críticas a la resolución.
Otro dato relevante del escrito del Constitucional es su destinatario: el presidente del Gobierno, y no el propio fiscal general, Conde-Pumpido. Diferentes fuentes jurídicas coinciden en que la razón es que Zapatero es responsable del nombramiento del fiscal general pero, sobre todo, de su destitución.
De hecho, los magistrados entienden que las declaraciones de Conde-Pumpido incurren en una de las causas contempladas en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cesar al fiscal general. Entre las obligaciones de éste se encuentra defender la ley y “la independencia de los tribunales”, así como “velar por el respeto de las instituciones constitucionales”, como el Tribunal Constitucional.
Retribuciones uniformes (José Luis González Armengol)
Lo más lamentable del pleito sostenido entre los funcionarios de la Administración de Justicia y el propio Ministerio del ramo, que tardará en resolverse, y siempre en perjuicio de los justiciables, es que se trae y se lleva con poca consideración el principio de igualdad en el respectivo tratamiento retributivo, aplicado de forma diferente y claramente discriminatoria según el ámbito geográfico donde se encuentren los puestos de trabajo.
En efecto, la fragmentación territorial de la Administración de Justicia, asentada en las transferencias de medios personales y materiales a favor de determinadas Comunidades Autónomas, ineluctablemente ha de compaginarse con el principio de unidad de jurisdicción que consagra el apartado quinto del Artículo 117 del texto constitucional, toda vez que el mismo es la base de la organización y pleno funcionamiento de los Tribunales y Juzgados. Por ello, tratándose de Cuerpos Nacionales, calificación aplicable a las diferentes categorías existentes en la Administración de Justicia, resulta una obviedad que la uniformidad de retribuciones, amén de las especificaciones puntuales que la penosidad del órgano judicial u otras circunstancias precisen, resulta consustancial a efectos de evitar la quiebra de dicho principio de plena unidad y las discriminaciones existentes en la actualidad entre funcionarios judiciales de idéntica categoría entre una y otra Comunidad Autónoma.
No debe actuarse con ligereza para atajar el conflicto, toda vez que el principio de igualdad —insisto— está por encima de rencillas, y el justo reconocimiento que ha de presidir el trabajo abnegado que comporta la actividad jurisdiccional debe manifestarse, con prontitud para evitar perjuicios mayores, en la aceptación de las reivindicaciones salariales planteadas en el ámbito de la Administración de Justicia, la cual, precisamente, genera importantes ingresos económicos para el Estado, que en modo alguno revierten en mayores inversiones y mejora en retribuciones de los diferentes colectivos, quedando por ello España en los postreros lugares del ámbito europeo respecto a los recursos económicos destinados a Justicia.
▼ El autor es juez decano de los juzgados de Madrid.
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