En los próximos días se repetirá la demanda contra ANV. Ambas demandas van acompañadas de sendas peticiones de suspensión de actividad política.
Los documentación de la demanda de ilegalización, en el Supremo. Efe |
Madrid. Antonio Narváez, interpuso a las 9.30 horas ante la denominada Sala del 61 del alto tribunal una demanda instando la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), al considerar que incumple la Ley de Partidos Políticos (LPP) por ser una mera sucesión de Batasuna. Fuentes fiscales informaron ayer de que se está trabajando en una demanda idéntica contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) que será presentada en los próximos días.
Según explicó la semana pasada el fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, las demandas del Ministerio Público, que irán por el trámite de la demanda ordinaria -en vez del más rápido solicitando la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna en 2003-, destacarán como causa principal de ilegalización la prevista en el artículo 9.3 f) de la LPP.
Colaboración con la ilegal Batasuna
Este artículo considera como causa suficiente de ilegalización el "colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que ampararan o apoyan al terrorismo o a los terroristas". En este sentido, se les acusará de colaborar de forma habitual con la ilegalizada Batasuna.
En lo que se refiere al PCTV, esta colaboración habitual vendría dada por el abono por parte de esta formación de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellos algunos miembros destacados de la Mesa Nacional. A ello se añade la cesión del local de que dispone PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa) para reuniones clandestinas de miembros de Batasuna.
Contra ANV, la Fiscalía también alegará la comisión de la causa prevista en el artículo 9.3 a) de la LPP, la de "dar apoyo político expreso o tácito a terrorismo legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta".
La Fiscalía ha solicitado al alto tribunal que mientras decide si ilegaliza o no PCTV, que actualmente cuenta con nueve diputados en el Parlamento Vasco, proceda a la suspensión de la actividad política del partido, al cierre provisional de su sede y demás inmuebles que esté utilizando y que le prohíba presentar candidaturas al 9-M. Pide además que se embarguen las cuentas bancarias de la formación.
En su demanda, la Fiscalía señala que considera "acreditada la interrelación existente entre el PCTV y Batasuna hasta el punto de que el primero ha venido sirviendo de instrumento tanto en el ámbito de la actividad política como, sobre todo, en el plano de la financiación, sirviendo de sostén económico no sólo a la propia organización ilegal sino a relevantes dirigentes de la misma". (EP)
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