Destacados facultativos reclaman la declaración del estado de alarma.
Pedro González-Trevijano
El verano ha llegado con sus rigores climatológicos y el calor comienza a hacer estragos. Unos estragos que se extienden por doquier: la enfermedad afecta a preclaros ministros, veteranos políticos y hasta a barbilampiños aspirantes a serlo. Algunos destacados facultativos reclaman la declaración del estado de alarma. Ya lo apuntaba Descartes: “El sentido común es el menos común de los sentidos”. Pero la verdad, no pensamos que estuviera tan escasamente representado últimamente. Sirvan como ejemplos, y mucho me temo además que iuris et de iure, esto es, que no admiten prueba en contrario, los cuatro siguientes casos de desvarío político-constitucional.
El primero, la aprobación por el Parlamento vasco, en una decisión que provoca vergüenza, de la propuesta secesionista del lehendakari Ibarretxe que sigue empecinado en su suicidio político. Una falsaria y casina monserga nacionalista empeñada en agrandar ficticiamente problemas de convivencia política entre españoles. Pero él, ¡que más le da con tal de garantizarse un resultado electoral cada vez más comprometido!, está dispuesto a despeñarse por los acantilados de la inmoralidad, la inconstitucionalidad y la deslealtad. No puede entenderse de otra forma una conducta indigna, que no diferencia entre decentes ciudadanos y chantajistas terroristas, que no distingue entre el respeto a la Constitución y las leyes y su violación más burda y que no siente rubor en explicitar diariamente la más graves deslealtades institucionales.
El segundo, la última genialidad de la ministra de Igualdad que, en pleno arrebato feminista igualitario, ha postulado lo que nadie, ni siquiera sus conspicuas defensoras, se habría atrevido. Me refiero, ¡como lo oyen!, a la creación de “bibliotecas por y para mujeres”. Así que ya saben los descendientes de Adán. En el paraíso del recién creado Ministerio de Igualdad no tienen cabida más que las Evas. Lo que no se nos ha aclarado aún, es si las obras a disposición de las lectoras lo serán sólo de autores, ¡perdón por el descuido!, autoras. Nunca me gustaron las sentencias de grosero machismo, incluidas las de pensadores geniales como Baltasar Gracián, pero me temo que aquí debíamos darle la razón: “La mujer primero ejecuta y después piensa”. Por lo que se ve, la ministra no se ha conformado con disparatados neologismos —miembra— que han hecho las delicias de comentaristas, incluido un ex vicepresidente del Gobierno. Ha decidido ahora crear “bibliotecas por y para mujeres.” O, tengo dudas, ¿será mujeras?
El tercero, una enmienda, juiciosamente rechazada, de parte de las juventudes socialistas que habían decidido pasar a la posteridad. Se reclamaba que el Rey se personara cada siete años ante el Congreso de los Diputados a rendir cuentas de su gestión. ¡Ahí queda eso! Aunque me temo que tan cultivados apóstoles del Derecho Constitucional y la Ciencia Política han olvidado las nociones básicas aprendidas en primer curso. En una Monarquía parlamentaria —la única compatible con un régimen constitucional—, el Jefe del Estado reina, pero no gobierna. Disfruta de auctoritas, pero no de potestas, toda vez que ésta se asignan con exclusividad a los tres poderes del Estado: las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa y controlan al Gobierno, el Ejecutivo dirige la política interior y exterior y los jueces administran justicia. El Monarca se halla fuera de la refriega política. Lo que explica su carácter inviolable e irresponsable. Difícilmente puede responder por unos actos que no son imputables al mismo.
Y, para terminar, una tal Onmiun Cultural, ¡vaya nombrecito!, pone en entredicho la legitimidad del Tribunal Constitucional para enjuiciar la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. A ver si sus integrantes también se leen la Constitución. De hacerlo, comprobarán que éste es el órgano habilitado —como en Italia o Alemania— para enjuiciar la constitucionalidad de las leyes. Su legitimad proviene, ni más ni menos, que de una Constitución democrática aprobada por una amplísima mayoría ciudadana —incluida Cataluña— en 1978. ¿Y la suya, de dónde proviene? ¡Serán borricos!
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