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Se busca modelo económico

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Nuestro país ha destacado en Europa por sus altas tasas de crecimiento y la buena salud de sus finanzas públicas. Pese a ello, sigue sin resolver sus grandes problemas estructurales: una escasa capacidad exportadora, la baja incorporación tecnológica de sus productos y una inflación crónicamente alta, todo lo cual confirma que los fundamentales del tejido productivo español siguen lejos de los estándares europeos. Aprobar estas asignaturas pendientes es básico para que el país siga manteniendo sus actuales niveles de bienestar.

Portada del último número de la revista "Dinero"

Los últimos 12 años han sido una época de gran triunfalismo económico en nuestro país. Los españoles se han acostumbrado a unos goces con los que nunca habían soñado. Ver cómo sus grandes empresas se zampaban, no ya a ex monopolios latinoamericanos, sino a colosos británicos como la telefónica O2, los aeropuertos de Londres o el banco Abbey National. De viaje por Europa, se han ido familiarizando con la inmejorable situación de las enseñas de sus grandes empresas de moda –Zara, Mango, Loewe– en las calles más rutilantes y en los centros comerciales más “in” de las grandes capitales del continente.

Una década prodigiosa marcada también por unos crecimientos del PIB superiores al 3%, un boom inmobiliario que ha duplicado o triplicado la riqueza financiera del españolito de a pie y unas políticas macroeconómicas singularmente sensatas (durante la etapa del PP y la del PSOE). Lo que en conjunto ha llevado al fuerte incremento de la renta disponible de las familias y a la aparición de centenares de miles de nuevos empresarios, muchos de ellos billonarios lanzados a las listas de “Forbes”.

De ahí a que nos hayamos creído que España estaba ya totalmente en línea con esas naciones –Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda…– ha ido un paso. El último síntoma de esa nueva sensación de “poderío”: el que hayamos superado a Italia en renta per cápita. Claro que, como a la renta per cápita no se la deflaciona como se hace con el crecimiento del PIB, acaba ocurriendo que el país que tiene mayor inflación es el que ve su PIB por habitante subir más rápido, al menos en términos absolutos. Lo de Italia parece haber sido, sin embargo, la última gran satisfacción con la que subir la moral. De cara al futuro, habrá pocas.

El fin del boom de la edificación puede ser, sin embargo, la gran oportunidad para cumplir con la asignatura pendiente: la de situar a España en línea con las economías centrales de la UE 15. Pese a que desde el actual Gobierno se ha relativizado un tanto la urgencia de poner en marcha esta estrategia –en 2004 sí decían que España tenía que cambiar de modelo productivo–, la premura es grande, ya que España sigue exactamente a medio camino de sus objetivos como economía moderna. Ya no es un país de mano de obra barata ni ha llegado a establecerse como un país posindustrial, basado en el conocimiento, como está sucediendo en el resto de Europa Occidental.

El precio de la mano de obra española está ya a niveles muy cercanos a los de Francia, Italia o Reino Unido. Y lejísimos de lo habitual en los nuevos miembros de Europa del Este. Lo que explica en parte que España haya dejado de ser un destino favorito de la inversión directa extranjera. Nuestro país, que un día fue la gran plataforma de mano de obra barata, ha sido sustituido ya en este terreno por los nuevos miembros. Lo que es peor, estos países empiezan a superar a España en formación, innovación o entrepreneurship.

En el más reciente Ránking Deloitte sobre las 500 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Europa, África y Medio Oriente, no apareció una sola empresa española, al menos entre las cien primeras. Sí aparecían cinco polacas, cuatro turcas y dos checas.

Por lo que respecta a la estrategia a seguir, no parecen existir muchas dudas. Por paradójico que parezca, una de las primeras preocupaciones del Gobierno debería ser la de frenar la debacle inmobiliaria. Una caída estrepitosa del sector no sólo haría perder más de un millón de puestos de trabajo directos (más autónomos y sumergidos), sino que crearía problemas difíciles a las inmobiliarias y a alguna que otra entidad. Tendría, además, un nefasto efecto arrastre sobre los sectores del acero, aluminio, cemento, madera, vidrio, mueble, sanitarios y muebles. La repercusión de todo ello sobre las ventas del comercio y el consumo, especialmente en bienes duraderos, podría ser difícil de compensar por el resto de la economía. Entre otras razones, porque, según opinaba recientemente el “Financial Times”, la caída de la vivienda a la mitad le podría restar dos puntos anuales al crecimiento durante los próximos tres o cuatro años.

El otro gran reto del Gobierno será, sin duda, incrementar las exportaciones españolas. España está entre los últimos países de la UE en el ratio de exportaciones sobre el PIB. Nuestro país exporta poco y, además, con un relativamente bajo porcentaje de productos con alto componente tecnológico. Todo ello no sólo es malo para nuestra balanza por cuenta corriente, sino más grave aún es que esta debilidad exportadora impide tener un tejido industrial más potente, con todo lo que ello implica de creación de empleo especializado y de alto nivel. La industria exportadora suele funcionar, además, como un motor económico en las zonas donde está implantada, a través de la creación de polígonos de industria y servicios auxiliares.

Algunos argumentan que también Estados Unidos y el Reino Unido tienen ya poca industria (en porcentaje del PIB) y grandes déficits. Al margen de que el déficit comercial español viene a ser el 8% del PIB, casi el doble que el de EE UU y el Reino Unido, la situación no es comparable. Las grandes multinacionales “industriales” estadounidenses –de Apple a Altria, pasando por Boeing, Hewlett Packard o Cisco– producen cada vez más fuera, pero mantienen sus estructuras de diseño, I+D o márketing dentro. Aquí, simplemente, no hay suficientes grupos industriales de gran tamaño.

Todos están de acuerdo en que la posibilidad de exportar más exige de los gobiernos una política proactiva, que en España no ha existido. Se han hecho esfuerzos muy escasos de promoción de las empresas españolas en el exterior. Los presupuestos son bajos y las ayudas insuficientes. Ni el presidente del Gobierno ni los ministros más implicados se han mostrado muy interesados en salir a “vender” los productos españoles fuera. Tampoco el Ministerio de Industria se ha mostrado muy diligente. El anterior titular socialista, José Montilla, estaba considerado por sus funcionarios como un “absentista” más ocupado en el Estatut y su preparación como futuro presidente de la Generalitat que por los asuntos del ministerio. Y el actual, Joan Clos, ha tenido que aprendérselo todo.

Lo más básico para exportar es que España esté en condiciones de ofrecer productos atractivos, no ya sólo en precio, sino que aporten valor añadido, funciones o marca. Esto exige ese tejido industrial más sólido. España, que ya no puede depender de que las multinacionales vengan aquí, tendrá que generar esos productos por sí misma. Ello implica empresas sólidas y grandes, con masa crítica suficiente para invertir en I+D, vender en grandes series, crear redes de distribución, construir marcas...

Debilidad para competir

No hay muchas. Hay grupos interesantes, en algunos sectores, como los componentes de automóviles, la industria aeronáutica, las carrocerías para autobuses, la alimentación, la generación eólica, la confección, los aceros inoxidables y las máquinas herramientas, los materiales de construcción, los electrodomésticos… Pero, además de que la mayor parte de estas empresas están en sectores de tecnología media –con escasas barreras de entrada para la competencia–, en muy pocos casos, si exceptuamos Inditex, Acerinox, Celsa, Roca o Gamesa, son en general empresas medianas con facturaciones en torno a los 300, 600 u 800 millones de euros, lo que las sitúa en posiciones de debilidad para competir en los mercados internacionales.

Por lo que respecta a las empresas industriales situadas en sectores de tecnologías más avanzadas, a excepción de Abengoa o Indra, la mayor parte –Televés, Ikusi, Panda o Amper– son casi pymes, por no decir que la mayor parte no llegan ni a eso y se quedan en facturaciones de 10 o 20 millones de euros. Según el último estudio comparativo de la OCDE, de 2005, España exportó equipos destinados a las TICs por valor de 7.474 millones de euros, 11 veces menos que los 82.000 millones de Alemania, siete veces menos que los 49.000 millones de Holanda y cuatro veces menos que los 29.000 millones de Francia. Lo peor es que exportó menos de la mitad de los 17.000 de Hungría, un país cuatro veces más pequeño que el nuestro.

España, que nunca ha podido ser calificada de país industrial, ha resurgido con cierto garbo en los años 90, una etapa de economía posindustrial. Nuestras empresas más emblemáticas y potentes son utilities eléctricas, de gas y petróleo o de telecomunicaciones, bancos, constructoras e inmobiliarias. Empresas industriales puras –Acerinox, Gamesa, Abengoa Grifolls– hay pocas en el Ibex 35, seis o siete, y aparecen en general en los últimos lugares de capitalización del índice. Por el contrario, en el CAC francés, 18 de sus 40 valores, son empresas industriales.

Apuesta tecnológica

Por eso, otro de los grandes retos pendientes para el Gobierno es el de cumplir sus promesas de hacer entrar definitivamente a España en los países que cuentan desde el punto de vista tecnológico. Esto es también mucho más fácil de decir que de hacer. A veces ha dado la impresión de que para el Gobierno la apuesta tecnológica se ha traducido simplemente en destinar más gasto a I+D. Y eso es insuficiente. Otorgar mayores presupuestos a I+D si luego esa innovación no puede convertirse en productos vendibles por empresas capaces de tener éxito con su explotación resulta inútil. Todas las cifras disponibles indican que España, además de gastar la mitad que sus socios en I+D (el 1% frente a una media del 2% en la UE), le saca muchísimo menos partido a ese dinero.

Parte del problema es el escaso interés de las empresas españolas en el I+D. Algo que procede de su tamaño y de la ausencia de grandes grupos industriales. Las nueve empresas que más invierten en I+D, según la Comisión Europea, un grupo en el que se encuentran nombres como Telefónica, Abengoa, Zeltia o Gamesa, gastaron en 2005 sólo 540 millones de euros entre todas. La alemana Siemens, ella sola, invirtió ese año 5.500 millones de euros

Basta ver también los presupuestos de investigación de las grandes universidades españolas a partir de contratos con las empresas para darse cuenta del problema. El 2006, las 10 primeras universidades españolas cobraron por este concepto cerca de 160 millones de euros. Y, pese a la tan cacareada profusión de viveros de empresas en las universidades, estas instituciones apenas crearon entre 2001 y 2005 un total de 370 spin offs.

Por si todas estas insuficiencias no fueran bastantes para frenar la creación de un tejido industrial a escala europea, y exportar más, nos encontramos con el problema de la inflación. Si a nuestras empresas ya les resulta difícil vender un peine fuera –y también aquí– imaginemos qué difícil tendrá que ser con una tasa de IPC que va siempre un 1% anual por delante de nuestros principales socios. Las consecuencias están a la vista. La industria española ha perdido en los últimos 10 años como 11 o 12 puntos de competitividad con respecto a la zona euro.

La pérdida de competitividad ha convertido a España en un país especializado en el monocultivo europeo. Vendemos cerca del 70% de nuestros productos a la UE. Desde hace décadas, los gobiernos diseñan programas como el Plan Asia, Plan Brasil o Plan Rusia para incentivar las ventas en esos mercados. Con muy pocos resultados. El nivel de nuestro comercio con esos países es ínfimo. El alza del euro, que vale estos días casi 1,6 dólares, y la inflación sólo han servido para torpedear los proyectos de nuestra industria en América Latina, Asia o África. De momento, muchos han solucionado la papeleta deslocalizando producción a esos países. Esa producción, sin embargo, deja de pasar por la aduana española y de crear empleo aquí.

El tema es tan serio que casi debería haber alguien con mucho poder dedicándose a ello día y noche. No ha sido así. Pese a su ortodoxia, Solbes no parece que haya podido hacer mucho por frenar el alza de precios en nuestro país. Se dice que la “rebeldía” española de los precios se ha debido en buena parte –además de al crudo y a las subidas de alimentos provocadas por los biocarburantes y el consumo en Asia– al fuerte crecimiento, unido a las masas de nuevos consumidores que han llegado a través de la inmigración, cerca de cinco millones de personas en ocho años. Pero los economistas parecen de acuerdo en que estas razones no lo explican todo. Según el Banco de España, nuestro país ha acumulado un diferencial de inflación con la zona euro de 7,4 puntos acumulados solo entre 2001 y 2007. Este diferencial fue incluso más alto, 10,3 puntos, con Alemania. Así, será difícil vender algo.

Existe también un amplio consenso en que la lucha contra la inflación sólo podrá tener éxito si el Gobierno se decide a liberalizar la economía todo lo que pueda. Habrá que dejar que la competencia se expanda hasta el infinito. El Gobierno central y los autonómicos en general –incluidos algunos del PP– han parecido más interesados en poner trabas que en facilitar la rivalidad entre empresas.

La competencia en España, sea por lo que sea, simplemente no funciona. Tampoco funciona la incorporación tecnológica a la industria, los precios, las exportaciones y muchas otras cosas. De ahí que, o se le ponen soluciones, o el futuro, sin vivienda, será más bien sombrío.

(Extracto de la Revista Dinero perteneciente al mes de Abril, más información en sus kioscos).