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La gestión que conviene

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Cuando hay crisis de liquidez y confianza, los responsables políticos deben dar un impulso a la actividad económica.

Procede aportar incentivos que mantengan el empleo.

Mercedes Pizarro Santos.

Los malos momentos y las crisis son indeseado, pero no hay mal que por bien no venga. Cuando se ignora la cuantía de las pérdidas que depararán las hipotecas impagadas, desciende el valor de activos inmobiliarios y títulos bursátiles, persisten dificultades de acceso al crédito… en definitiva, cuando hay crisis de liquidez y confianza, los responsables políticos y las autoridades económicas deben dar un impulso a la actividad económica que minimice los daños y ayude a una recuperación rápida. Tras unas semanas centradas en debates electorales de mayor o menor calado, es hora de hacer las cosas convenientes. 

 Procede aportar incentivos que ayuden a la inversión, mantengan el empleo y ejerzan un efecto duradero y prolongado en el tiempo. A ser posible deben ser medidas sin coste o que se financien a sí mismas. Por ejemplo, la reducción de plazos de pago del sector público a sus proveedores y contratistas. Esta medida aporta liquidez sin encarecer el gasto (incluso en una segunda fase lo reduce, porque no hay que descontar facturas o certificaciones de obra) y libera recursos para otra financiación. España tiene plazos de pago superiores a la media europea y, por tanto, costes relativos más altos, ya que los licitadores incorporan en sus ofertas la demora en el cobro. El cambio sugerido es una medida de racionalización.

 La gestión de la incapacidad laboral transitoria es una alegación reiterada por empresas extranjeras que deciden deslocalizar la actividad en España. El oportunismo es rasgo omnipresente en la especie humana. La conducta oportunista se caracteriza por buscar el bien propio con perjuicio para terceros. Cuando alguien que está ligado por una relación de empleo alega una enfermedad inexistente y obtiene la baja perjudica a los compañeros, que han de suplir a quien no acude al trabajo. Además es un coste para la empresa y para el erario público, va en demerito de la buena imagen de la empresa afectada, que tiene dificultades para cumplir con sus compromisos y, por tanto, perjudica a sus clientes. Todo el mundo sabe que se debe y se puede hacer algo al respecto, que facilitaría el avance de la producción sin necesidad de más inversión, lo que significa más capacidad competitiva y exportadora.

 Cuando la administración cuestiona la justificación de receptores de subvenciones o ayudas se inicia un largo proceso de alegaciones, muchas veces puramente formalistas. Mientras dura la tramitación hay horas de dedicación absolutamente improductivas. Si los servicios legales de las AA.PP. valoran el tema y concluyen que la razón está de parte del contribuyente o que, tras las primeras alegaciones, se puede hacer un acuerdo preferible a la sucesión de recursos que requieren años, se liberarían recursos humanos de las AA.PP. y del sector privado susceptibles de mejor asignación.

 Otra medida adecuada es bajar impuestos. En el Impuesto sobre Sociedades puede rebajarse el tipo o promover al mismo tiempo la inversión productiva por vía de reducir los períodos de vida de los activos, esto es, los años necesarios para la plena amortización. Factor competitivo de primer orden en una situación de cambio rápido de tecnologías, procesos y productos.

 La proliferación de entidades de titularidad pública, pero de derecho privado, es rasgo común en muchos países. En su origen eran un medio para evitar la necesidad de trabajar según un reglamento que, siempre y por necesidad, es rígido. A eso se añadió la posibilidad de dar incentivos materiales a quien trabaja en ellas y la opción de escapar a la supervisión estrecha (o reducirla) por parte de la oposición y de grupos de interés afectados por su actividad. Luego la burocracia pública vio como podía incrementar su poder y sus medios presupuestarios. Esta amalgama de agencias, institutos, observatorios y organismos similares, independientes de la Administración, tiene una aportación cada vez más discutida. Se requiere evaluar el coste y los resultados de los existentes para determinar su viabilidad y, en el caso de los nuevos, se precisa una memoria justificativa de las necesidades que suscitan su creación. 

 A estas medidas de oferta se añaden las que sistemáticamente sugieren y recuerdan los organismos internacionales. La OCDE, la semana pasada, apuntaba flexibilidad en convenios colectivos, reforma legal en la protección social, incremento de la competencia en la distribución, mejora educativa y reforma del sistema de pensiones.
 Si está en juego el futuro del país, de poco sirve lamentarse o buscar responsabilidad en terceros. El nuevo Gobierno no debe dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. A buen entendedor, pocas palabras bastan.