¿Cuba por la vía china?

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La renuncia de Fidel Castro a sus cargos en las instituciones estatales cubanas, pero no a la Secretaría General del Partido Comunista Cubano (PCC), parecía anunciada ya hace unos meses en uno de sus artículos en el diario oficial “Granma”, en el que decía que “no se aferraría al poder”, un comentario curioso en quien ha concentrado poderes casi absolutos entre 1959 y 2008.

Castro ha reunido todas las jefaturas posibles: comandante en jefe de las fuerzas armadas, jefe del partido (primer secretario del Partido Comunista Cubano), jefe del Estado (presidente del Consejo de Estado) y jefe del Gobierno (presidente del Consejo de Ministros). Probablemente la Constitución cubana sea la única del mundo que se refiere al jefe de Estado con su nombre propio.

A sus 81 años de edad, el comandante no ha hecho más que lo que la naturaleza suele imponer a las personas de su edad. Se ha reservado, sin embargo, la facultad de seguir dirigiéndose a los cubanos a través de sus epístolas en el “Granma”, que ahora serán firmadas por “el compañero Fidel”. Con ello quiere conservar la potestad de pronunciarse sobre cualquier asunto que juzgue necesario, lo que supone una potencial capacidad para vetar cualquier cambio poco ortodoxo. Irse sin marcharse, podría decirse.

Tándem perfecto

Los hermanos Castro han demostrado ser una pareja absolutamente complementaria. Raúl ha sido el aliado indispensable y el forjador de la institución que es el pilar por excelencia del Estado y que hoy, según estimaciones de la Universidad Internacional de Florida, controla el 60% de la economía de la isla: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La presencia militar es notoria en el Comité Central del PCC.

Por eso nadie en la “pequeña Habana” de Miami, o en la isla misma, se hace ilusión en cuanto a la posibilidad de cambios rápidos. El propio Raúl Castro, a pesar de haber alentado el debate sobre los problemas del país, ha advertido que la crítica sólo es admisible “en el momento apropiado, en la forma apropiada y donde sea apropiado”. Y naturalmente, el poder es el que juzga si se cumplen esos requisitos.

Desde el verano de 2006, cuando Castro delegó su poderes “temporalmente” por su enfermedad, la vida en Cuba ha seguido su curso normal y así seguirá por un futuro previsible, aunque los cubanos perciben ya una cierta relajación de la atmósfera política, pero dentro de una sucesión ordenada. Las transiciones políticas exigen tiempo, y aún más en las de sistemas totalitarios que requieren la creación de instituciones civiles, una clase empresarial y un sistema judicial independiente que simplemente no existen en Cuba.

Un monopolio militar

En los últimos años, Cuba ha logrado mejorar sustancialmente sus relaciones económicas internacionales, especialmente con Venezuela y China, que están subsidiando abrumadoramente su economía. En su reciente visita a La Habana, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió inversiones y créditos por valor de 1.000 millones de dólares. También China ha ampliado su comercio con la isla, le ha extendido créditos y ha iniciado inversiones mayores en la minería de níquel y el petróleo.

La economía cubana está creciendo, aunque no a las tasas de las inverosímiles estadísticas oficiales (que hablan del 12% en 2007), y existen perspectivas de hallazgo de petróleo de alta calidad en el Golfo de México, donde hoy perforan ocho compañías extranjeras, entre ellas Repsol y Petrobras.

Ello no quiere decir que se estén resolviendo los problemas estructurales de la economía, pero sí los coyunturales, lo que dará a la emergente clase tecnocrática el margen de tiempo necesario para realizar las más que probables reformas al estilo chino, algo en lo que la mayoría de los analistas coinciden. No parece haber otra salida viable. El valor de las exportaciones es hoy un 62% inferior al de 1989. El propio Raúl Castro ha anunciado que Cuba buscará “capitales, tecnología y mercados extranjeros” y que se pondrá “la tierra y los recursos” a disposición de los productores más eficientes, es decir, los pequeños agricultores privados.

Pero todo el proceso será controlado por las FAR. Cuando se acabaron los subsidios soviéticos, lo que hizo caer el PIB un 35% entre 1989 y 1993, el régimen tuvo que encontrar una nueva herramienta productiva, y el ejército, con su organización vertical y fiabilidad técnica, cumplía las condiciones. Su misión era garantizar que el llamado “periodo especial” –en el que se permitió la inversión extranjera en turismo, minería, petróleo y telecomunicaciones y la aparición de pequeños negocios privados–, no se fuera de las manos por las inevitables desigualdades que crearían las reformas.

De hecho, en 2004, apenas la economía se recuperó algo, a medida que el dinero proveniente de Venezuela con bajo coste político ofrecía una porción cada vez mayor de los recursos mínimos necesarios, el Gobierno declaró el fin del periodo especial y retiró las licencias a los incipientes emprendedores privados, hoy condenados a subsistir en la economía subterránea.

Los únicos que han podido sobrevivir han sido las empresas autogestionarias controladas por la FAR. Fueron los nuevos negocios concedidos a los militares tras el derrumbamiento de la URSS los que ganaron para el régimen su renovada lealtad. La distribución de las propiedades estatales a los miembros del estamento militar representó una especie de “privatización” castrista para crear una nueva casta de “empresarios socialistas”.

Las FAR controlan desde el turismo a las telecomunicaciones, la industria, el tabaco, la construcción y el desarrollo de zonas de libre comercio. Según los propios medios de comunicación cubanos, las casi 600 empresas del complejo militar-empresarial producen el 89% de las exportaciones, el 59% de los ingresos turísticos, el 69% de las transacciones en divisas y el 66% del comercio exterior.

Entre las empresas que están bajo el control directo o la influencia de las FAR, figuran Gaviota S.A., la empresa cubana que más ha crecido en el sector turístico y que dirige el general Luis Pérez Róspide; la Unión de la Industria Militar, encabezada por el general Luis Bernal, o Cimex, la primera corporación cubana que funcionó como sociedad anónima.

Al reestructurar sus industrias para darles mayor eficiencia, las FAR han adoptado formas de organización y administración capitalista a través de sociedades mercantiles de carácter privado de propiedad estatal, sociedades anónimas registradas en el extranjero y diferentes modelos de asociación y de consorcios con empresas extranjeras.

Si Raúl Castro aplica ese mismo pragmatismo a los problemas económicos nacionales, lo previsible es que el país adopte una “vía china” o “vietnamización” a la cubana; es decir, una apertura económica dirigida por el poder político. Lo que no parece probable es una “Gran Vía”, como pidió alguien en broma –o muy en serio–, con la esperanza de que se siguiera el modelo de la transición española.

Los límites los marcarán los movimientos sociales que genere la apertura, una de las razones que paralizó la tímida liberalización de los años 90, cuando el régimen dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar la aparición de una pequeña burguesía que acabara reclamando derechos políticos, como sucedió en los países de la antigua esfera soviética.

(Extracto de la Revista Dinero perteneciente al mes de Marzo, más información en sus kioscos).