La cultura ‘underground’ ha prendido en España, no en las artes, sino en la economía. Nuestro país figura con luces deslumbrantes entre las dos o tres grandes potencias de Europa en la extensión, fortaleza, consistencia e imbatibilidad de su economía sumergida. Un modelo de relaciones laborales más propio del siglo XIX que de nuestra época y que los gobiernos de nuestro país, el PSOE ahora y el PP antes, han dejado que se expanda sin ningún tipo de freno ni control.
Con el 23% de su economía en la sombra, España contaría con un sector económico irregular cercano a los 300.000 millones de euros. Una situación que se considera peligrosa, ya que por su dimensión podría contaminar al resto de la economía, degradando las condiciones de masas de trabajadores españoles, dejando al Estado sin medios para operar y creando un círculo vicioso que obligaría al Gobierno a aumentar la presión fiscal para cubrir su presupuesto, lo que, a su vez, alentaría nuevas extensiones de las actividades no declaradas.
Lo peor es que ese alarmante fenómeno, que se está expandiendo en toda Europa (e incluso en EE UU) y que, además de dañar la eficacia económica, presenta cuestiones éticas (por qué unos pagan impuestos y otros no, por ejemplo), parece cada vez más imparable. Todos los esfuerzos de los gobiernos por ponerle coto se han estrellado. Además, cuando supera un determinado tamaño, adquiere tal importancia que las mismas autoridades temen tocarlo, no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad.
Si bien algunos creen que ha llegado el momento de atacarlo con todas las armas disponibles, hay quien piensa que, a fin de cuentas, es muy posible que Europa –y España– estén evolucionando hacia esa economía dual que antes describían los economistas especializados en el Tercer Mundo: la coexistencia de una economía moderna con otra anclada en procedimientos más propios del siglo XIX. De ser así, sería la muerte de la llamada cohesión social.
Seis responsables del mundo patronal, sindical y de la Administración dan a DINERO su visión experimentada, desde perspectivas muy diversas pero convergentes, de las causas que explican la persistencia y expansión de las actividades económicas irregulares en España. La conclusión de sus exposiciones es de todo menos optimista. Estamos ante un fenómeno que, por las razones más diversas, va a más. Sin que nadie parezca dispuesto a ponerle el cascabel al gato. El problema es que la llamada economía sumergida –también conocida como negra, ‘underground’, irregular, no declarada o informal– es como una especie de cáncer que puede acabar dañando las actividades legales, aquellas que permiten que los trabajadores puedan disfrutar de condiciones salariales, sociales y laborales dignas. Y que el Estado pueda seguir funcionando.
(Extracto de la Revista Dinero perteneciente al mes de Marzo, más información en sus kioscos).
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