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Nada perjudica más al inmigrante que el hecho de que una sociedad le identifique con actos reprobables.
Entre 2000 y 2007 se ha producido la mayor oleada de inmigración en España. EFE |
Fernando Méndez Ibisate
Como parte del derecho que toda persona tiene de forma intrínseca y natural a circular libremente y procurar la mejora de sus condiciones de vida, la emigración ha sido siempre, desde los primeros homínidos, un método de votación o decisión “con los pies” que pone de manifiesto las peores condiciones relativas de vida que una persona o grupo de personas tiene en su lugar de origen o asentamiento respecto de los lugares que toma como destino.
La historia muestra relaciones de reciprocidad o biunívocas entre los procesos de crecimiento o desarrollo económico importantes y los movimientos sustanciales de la población. Y en la discusión sobre qué variable actúa como causa o efecto, cabe señalar que son las situaciones de crecimiento y expansión las que facilitan o atraen los procesos de movilidad demográfica o inmigración.
Diversos factores han promovido o facilitado tales movimientos migratorios en gran escala, entre los que se encuentran los desarrollos tecnológicos y mejoras en las vías de comunicación.
Cuando en la Edad Media (siglos XI-XII) se rompe mediante pago monetario con el vínculo personal que unía, bajo pena de muerte, a las gentes campesinas con sus señores feudales y se cambian algunos sistemas de tenencia de tierra o de seguridad, se producen cambios “tecnológicos” en las estructuras e instituciones tales que suscitan un gran movimiento demográfico por toda Europa.
Lo mismo volvió a acontecer (con ayuda de la ciencia y los inventos tecnológicos) en los siglos XIII-XIV y, posteriormente, en el XVI con el descubrimiento de América y la apertura de nuevas rutas comerciales, que siempre impulsaron la movilidad y la globalización, proceso muy antiguo.
Lejos de contemplar la inmigración y los movimientos como una expansión de las oportunidades y la riqueza —en sentido amplio— que cualquier ser humano trata de abrir para sí mismo y los suyos, muchos intelectuales, sobre todo de izquierda y desde luego con una visión bastante pesimista y triste, consideran ese tránsito o cambio como un desarraigo o una pérdida de identidad para quienes se instalan lejos de sus lugares de origen. Ello les impide ir más allá de vacuas o evidentes ideas como la integración o multiculturalidad, como si ambos conceptos no vinieran practicándose por el ser humano desde sus orígenes, ya que la guerra no siempre ha sido el único método de resolución de conflictos. También ha existido el intercambio y ha existido el comercio.
Al tiempo que tienen mucho que aportar, los inmigrantes llegan a unos sistemas y sociedades que también pueden aportarles más de lo que encuentran en sus lugares de origen y por eso los países de destino libres y democráticos deben ofrecerles los mismos derechos y deberes en materias elementales que disfrutan el resto de ciudadanos. Nada perjudica más al inmigrante ya instalado que mantenerle en la “diferencia” o la “distinción” o que, como grupo, se le identifique con actos reprobables por una sociedad o sus normas.
Pero mientras el Gobierno apela e insiste en este tipo de argumentos emotivos, su política real ha perjudicado los derechos e intereses de los inmigrantes, que hipócritamente han sido utilizados para flexibilizar por la puerta trasera y sin costes políticos el muy rígido e intervenido mercado laboral español, al tiempo que la gran inmigración permitía contener los salarios. Entre otras, las regularizaciones masivas han producido efectos llamada y un consecuente incremento del negocio de las mafias que operan en este campo.
Entre 2000 y 2007 se ha producido la mayor oleada de inmigración en España, tanto en términos absolutos como relativos, con un volumen de inmigrantes de 0,9 millones (2,2% de la población) en 2000 a más de 4,7 millones en 2007 (10,5% de la población total) y un flujo medio anual de 600.000 nuevos inmigrantes entre 2000 y 2007.
La profesora Blanca Sánchez ha demostrado que, históricamente, quienes emigran no pertenecen a la escala social más miserable de su país, como suele creerse, ya que el proceso requiere de un cierto capital y equipamiento que, en muchos casos, exige el apoyo y respaldo familiar o del grupo.
Un estudio realizado por J. Ignacio Conde Ruiz, J. Ramón García y María Navarro en Fedea (DT 2008-08) muestra que aunque en el periodo 2000-2006 el impacto cuantitativo directo de la inmigración sobre el crecimiento medio anual del PIB en España es del 38%, la inmigración apenas ha tenido efectos sobre la renta per cápita (un promedio anual de 0,05 puntos) debido al efecto negativo de la inmigración sobre la productividad. Deben corregirse muchos tópicos en esta materia.
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