Las empresas suspenden a la Administración. La descoordinación entre Administraciones y los trámites suponen los principales obstáculos para los emprendedores.
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Las largas colas en la Administración para realizar trámites se han reducido.LGN |
E. Morales / M. L. Nalda.
En España, abrir una empresa supone de media 47 días de trámites y papeleos, cinco semanas más de lo que se tarda en poner en marcha un negocio en el resto de la Unión Europea. Durante este periodo de inactividad, los pagos fijos, licencias e impuestos alcanzan de media 5.000 euros, sin que se produzca ingreso alguno. Pese a que las administraciones han tratado de reducir los plazos para la constitución de una empresa, sólo en Portugal son mayores.
En los últimos años, el desarrollo de trámites telemáticos y la puesta en marcha de tres superordenadores que centralizan la información y los datos de los ciudadanos de las tres administraciones han simplificado de forma significativa las gestiones de los ciudadanos y reducido la actividad administrativa.
Las mañanas de papeleos que antes se realizaban en ventanilla ahora se resuelven por internet: desde la solicitud de un informe de vida laboral hasta montar una empresa en 24 horas, una iniciativa que todavía está en mantillas, pero que entra dentro de los planes de compromiso del actual Ejecutivo.
En este sentido, la aprobación del Plan de Reducción de Cargas Administrativas a finales del mes de junio es un impulso en la línea de reducción de trabas para los negocios, unas barreras sobre las que la Comisión Europea ya se ha pronunciado, estimando unos costes que consumen hasta el 1,2% del PIB en términos de competitividad para las empresas españolas.
Con todo y pese a los avances, que han llevado consigo un aumento de la plantilla pública, sobre todo en los niveles inferiores y superiores, la percepción de estas iniciativas y sus efectos por parte de los empresarios dista mucho de ser satisfactoria.
Según se desprende de una encuesta realizada por Metroscopia para la Fundación Ramón Areces, los empresarios consideran que las principales barreras para su actividad son los excesivos trámites y plazos a la hora de conceder licencias, la falta de coordinación entre administraciones y la lentitud de la justicia.
Andaluces, los más pesimistas
Del estudio, realizado entre emprendedores andaluces, catalanes y madrileños y en empresas de diferentes tamaños, se deduce que los más pesimistas con el funcionamiento de la Administración son los andaluces. Los más disconformes son los empresarios con menos de 50 empleados a su cargo. El 56% cree que existen importantes obstáculos para iniciar su actividad, frente a cuatro de cada diez grandes empresarios.
La descentralización administrativa, realizada para acercarse al ciudadano y mejorar los servicios, no ha mejorado la percepción empresarial. Independientemente del territorio en el que se ubique la empresa y del tamaño de ésta, el funcionamiento de la Administración recibe un suspenso en cualquiera de los aspectos preguntados.
Silencio positivo y licencias rápidas para facilitar la apertura de negocios en las autonomías
Crear una empresa en menos tiempo o resolver un trámite sin esperar varios meses es el objetivo del Ministerio de Industria para agilizar los trámites comerciales. Miguel Sebastián ha impuesto a las autonomías la extensión del silencio administrativo positivo a todos los trámites de la actividad empresarial, es decir, una vez transcurrido el plazo previsto para una gestión, si la Administración no se pronuncia, debe resolverse en favor del interesado. Ésta es una de las reclamaciones más frecuentes de los empresarios, y es que los plazos para realizar cualquier gestión administrativa resultan especialmente dilatados en la apertura de un nuevo negocio, porque se precisa la concesión de una doble licencia, municipal y autonómica.
Por su parte, la Comunidad de Madrid es la única autonomía que aplica el silencio administrativo en los trámites comerciales, una prerrogativa recogida en la reciente Ley de Modernización de Comercio. El resto deberá eliminar estas trabas antes de diciembre de 2009 por la llegada de la Directiva de Servicios, que entre sus exigencias contempla esta simplificación.
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