La aceleración de la obra pública sea bienvenida, pero ya llegará tarde.
Antonio Argandoña
En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno anunció las medidas para hacer frente a la crisis que, por lo que nos dicen, no existe. Ahora queda por ver la letra pequeña, que suele ser importante en este tipo de actuaciones. En todo caso, el margen de libertad para llevar a cabo una política de mantenimiento del crecimiento es limitado, porque la política monetaria no depende de nosotros, la solución a los problemas de financiación de nuestros bancos tampoco está en nuestras manos, y no podemos manipular el tipo de cambio de nuestra moneda.
Las medidas propuestas son eminentemente fiscales, aprovechando un superávit presupuestario próximo al 2% del PIB, aunque se verá reducido a poco más del 1% si tenemos en cuenta la reducción de los ingresos y el aumento de los gastos inherentes a una época de debilidad económica. La medida estrella parece ser la devolución de 400 euros en el IRPF a pensionistas, asalariados y autónomos. Servirá para mantener el crecimiento del consumo, que aún sigue siendo positivo, pero que está en de- saceleración. La teoría dice que una reducción de impuestos transitoria tendrá pocos efectos positivos. De todos modos, será un respiro para las familias con dificultades para llegar a fin de mes, aunque limitado: su efecto se notará en el tercer trimestre, y dejará de notarse en el cuarto.
El adelanto en las devoluciones del IVA no tendrá un efecto sensible sobre las empresas, salvo para las que estén en la puerta del concurso de acreedores. Difícilmente contribuirá a mantener una inversión en equipo que se está reduciendo rápidamente, consecuencia de las dificultades de financiación y de la caída de la construcción y del consumo. La reducción de la carga fiscal para la rehabilitación de viviendas será una ayuda para algunas empresas del sector, pero muy limitada.
La aceleración de la obra pública sea bienvenida, pero ya llegará tarde, porque el impacto económico de una nueva carretera, por ejemplo, se notará ya muy entrado 2009 cuando, si las cosas no van del todo mal, la economía ya estará en fase de recuperación. Esta acción hubiese tenido que tomarse antes, cosa no fácil a las puertas de unas elecciones aunque la mayor parte de este gasto corre a cargo de las comunidades autónomas y locales.
El plan especial para recolocar a los parados de la construcción es otra de esas medidas bien intencionadas y mal planteadas, porque solucionará el problema de algunos parados, pero a costa de otros: felicidad para el que encuentre un empleo alternativo, pero desgracia para el que se quede sin él. En definitiva, se trata de dar precedencia a unos sobre otros, no de crear una demanda de trabajo adicional, y menos en una fase de reducida creación de empleo. El fomento del empleo de las mujeres de 45 a 64 años será un reparto desigual de beneficios y perjuicios, lo que no ocurriría si se redujesen los costes laborales a todos.
La ampliación del plazo de las hipotecas es buena idea para los que tengan dificultades para llegar a fin de mes, pero con costes no despreciables, sobre todo porque limitará la capacidad de la banca para conceder nuevos créditos —otra vez, beneficio para unos y perjuicio para otros— y fomentará la picaresca: a nadie le amarga una reducción del pago mensual por la hipoteca, aunque, eso sí, alargará la carga durante más años.
Quedan medidas menores, pero se ve que no podemos esperar demasiado de las anunciadas. Pero eso es lo que hay. Lo importante es mantener el ritmo y no demorar un ajuste que, por lo que vemos, será duro y largo.
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